Análisis del macro entorno y del sector EPM

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A pesar de toda la actividad desplegada por los municipios y los empresarios locales, el crecimiento del sector eléctrico fue muy lento en las tres primeras décadas del siglo XX y estuvo concentrado en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali que desarrollarían sus sistemas autónomos. En 1930 el país contaba con 45 MW de potencia instalada para 7 millones de habitantes: poco más de 6 KW para 1000 habitantes; hoy se tienen casi 300 KW por mil habitantes.

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La intervención de la Nación y los sistemas regionales de los años 30 a los años 60

La reforma constitucional de 1936 sienta las bases de la intervención estatal en diversas actividades de la economía. La Ley 109 de 1936 y el Decreto 1606 de 1937 marcan el inicio de la injerencia creciente de la Nación en el desarrollo del sector eléctrico y en general de los servicios públicos domiciliarios. Con dichas normas nace la regulación tarifaria para lo cual se crea el Departamento de Empresas de Servicios Públicos. La ley 26 de 1938 autoriza a la Nación para construir plantas y proveer el servicio eléctrico. Al amparo de esta norma se constituyen HIDROLEBRIJA, la CHEC y CHIDRAL. La ley 80 de 1946 crea el Instituto Nacional de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico – ELECTRAGUAS- que impulsaría la creación y desarrollo de las electrificadoras departamentales: entre 1947 y 1958 se crearon las de Huila, Santander, Norte de Santander, Tolima, Boyacá, Nariño, Cauca, Atlántico, Magdalena, Córdoba, Cundinamarca, Chocó y Antioquia. ELECTRAGUAS impulsaría también la construcción de importantes proyectos de generación, algunos de los cuales aún están en servicio como la Central Hidroeléctrica del Bajo Anchi cayá, en el Valle del Cauca, y la Central Hidroeléctrica La Esmeralda, en Caldas. En 1968 ELECTRAGUAS se transformó en el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica que, hasta los años 90, sería la entidad rectora de las electrificadoras canalizando a los departamentos los recursos de la Nación.

La reforma constitucional de 1954 marca otro hito de importancia en el desarrollo de los servicios públicos al permitir la creación de establecimientos públicos con personería jurídica.

A su amparo se constituyó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC- y se transformaron en entidades autónomas de los gobiernos municipales las Empresas Públicas de Medellín y la Empresa de Energía de Bogotá, entre otras. Las empresas eléctricas obtuvieron así autonomía presupuestal y financiera que les permitiría contratar créditos avalados por la Nación con la banca multilateral la cual tendrá, en las décadas siguientes, un papel fundamental en el desarrollo del sector eléctrico colombiano.

A principios de los años 60 el sector eléctrico está conformado por un conjunto de subsistemas aislados constituidos alrededor de las principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Bucaramanga, Barranquilla, etc. La capacidad instalada es de 1.900 MW, más de 40 veces la existente a principios de los años 30, pero aún insuficiente para satisfacer las necesidades del país. Poco más de 1.250.000 usuarios y una producción anual de 10.000 Gwh. Extensas zonas del país carecen del servicio eléctrico. El aislamiento de los sistemas impide el desarrollo de grandes proyectos hidroeléctricos. En las ciudades de la Costa Atlántica se abastecían de energía térmica costosa mientras en el interior del país los embalses vertían los excesos de agua durante los inviernos. No era posible explotar las complementariedades hidrológicas entre el occidente y el oriente del país. La idea de la interconexión comenzó a tomar forma.

2.2 De la interconexión a la crisis de los 90

En 1955 los ingenieros José Tejada y César Cano presentaron un plan de interconexiones de alto voltaje, en el primer Congreso de Electrificación realizado en Manizales. Dos estudiantes de ingeniería de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, William Álvarez y Álvaro Villegas, presentaron, en 1956, una tesis de grado titulada “Proyecto de un Sistema de Interconexión Eléctrica de Colombia”. Tendrían que pasar más de 11 años para que las ideas de estos pioneros se materializaran.

Recomendaciones de Electricidad de Francia y de otros expertos, presiones de Banco Mundial para vencer las resistencias de las empresas regionales y la voluntad política del gobierno de Lleras Restrepo se conjugaron para lograr que la EEB, EPM, la CVC y ELECTRAGUAS firmaran, el 8 de noviembre de 1966, el acuerdo de interconexión de sus sistemas y ensanche de la capacidad de generación. Dicho acuerdo contemplaba la creación de una nueva empresa encargada de realizar la interconexión y de construir los proyectos de mayor tamaño para abastecer la demanda nacional. Un año más tarde nació esa nueva empresa: Interconexión Eléctrica S.A. – ISA- de la que serían accionistas, por partes iguales, las empresas signatarias del acuerdo. En 1976 CORELCA se uniría al grupo.

ISA se convirtió pronto en el hegemón del sector eléctrico colombiano. Elaboraba los planes de expansión de transmisión y generación, en su junta directiva se decidía la ejecución de los proyectos, mantenía una relación privilegiada con la banca multilateral y con el Gobierno Nacional. Algo inaceptable para EPM y la EEB, que habían condicionado su participación en la sociedad a que se les permitiera la ejecución de los proyectos que tenían estudios avanzados. Posteriormente volverían al ataque y en 1979, con el Acuerdo de Cali auspiciado por el Banco Mundial, obtendrían el derecho de ejecutar grandes proyectos. ISA tendría como mínimo un 33% de la capacidad instalada.

Entre 1970 y 1990 se interconectó el país y se construyeron los grandes proyectos - San Carlos, Chivor, Betania, Guatapé, Guavio, etc.- que hoy abastecen la demanda nacional: 6.585 kilómetros de líneas y 7.715 MW de capacidad, vale decir, el 47% del Sistema de Transmisión Nacional y el 57 % de la capacidad instalada actual. Pero este gran desarrollo de la infraestructura física no estuvo acompañado de un esquema adecuado de financiación que garantizara su sostenibilidad. Esta expansión fue financiada en un 60% con recursos de la banca multilateral. Entre 1970 y 1986 el BM le otorgó a diversas empresas del sector 15 créditos por US$ 1.937 millones. Otro tanto hizo el BID con 20 créditos. Los bancos se esforzaban para que los proyectos fueran financieramente viables, pero, previsivos, exigían el aval de la Nación. La deuda del sector eléctrico se fue convirtiendo en el principal problema macroeconómico del país: llegó a representar un 40%