Ensayo sobre Regla y compás, o metodología para un trabajo jurídico sensato.

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Si se analiza la currícula de la carrera de derecho que se imparte en la gran mayoría de los centros educativos del país, podremos observar que en ninguna existen asignaturas en las que verdaderamente se evalúe la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos, es decir, la formación de los abogados es teórica, siendo que en el caso de las materias contempladas como prácticas, estas se ofertan como materias opcionales.

Así entonces, nada garantiza que un egresado de la carrera de derecho esté realmente capacitado para ejercer la profesión, porque, en primer lugar, la expedición del título correspondiente dependerá del cumplimiento de los requisitos que exija la institución, quien es la realmente única responsable de evaluar al alumno, sin que al respecto existan cuestionamientos externos; y, en segundo lugar, porque para el ejercicio de la profesión es suficiente que el título obtenido sea registrado ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, quien desde luego, no constata la capacidad del interesado.

En días pasados (12 de abril de 2012), —y tal vez fue una de las cosas que llamó mi interés en la elaboración del presente trabajo— que en la República del Ecuador, en acato a la Ley Orgánica de Educación Superior de aquel país, después de una evaluación realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) a 26 universidades, se determinó el cierre definitivo de 14 de ellas, por no garantizar un adecuado nivel académico.

En nuestro país no existe un verdadero sistema que garantice la calidad de la educación jurídica, y esta se deja sólo a la ética, la buena fe y el interés, de quienes se dedican a impartir educación, con la consecuencia de que egresan de las universidades profesionistas incapaces de ejercer aplicando de manera adecuada sus conocimientos, ya que su formación fue sólo teórica.

Así pues, deberíamos contar con una política educativa que garantice una verdadera formación de profesionales en derecho, quienes mediante el conocimiento de las normas y los conceptos jurídicos, sean capaces de interpretarlos y aplicarlos a los casos concretos, lo que, como señala José Reinaldo de Lima Lopes, se lograría identificando como objeto de estudio del derecho, no a la norma jurídica emitida por el legislador, sino a su interpretación, para así estar en posibilidades de señalar en un futuro que hubo un tiempo en México en que equivocadamente se consideraba necesario y suficiente para saber derecho, enseñarlo y aprenderlo, conocer las normas y los conceptos … .

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