Jurisprudencia ACTUA

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Esto nos muestra que sin importar que se pertenezca a seguridad publica las obligaciones y facultades son regidos generalmente por la constitución lo cual no se hace contraste entre estas dos.

Según Mario I Álvarez Ledesma, se hace las siguientes interrogantes ¿en qué momento los derechos humanos comenzaron a ser un vecino distante de la seguridad pública? ¿Cuándo dio inicio la tensión entrambos conceptos? ¿Pueden los derechos humanos convertirse en un obstáculo de la seguridad pública?[3]

De acuerdo a estas interrogantes comento que la actuación de los cuerpos policiacos ha dado mucho que desear, si hablamos acerca de los derechos humanos y las garantías individuales, todos ellos con anterioridad eran violentados, ya que los policías hacían valer su autoridad privando de la libertad, haciendo uso de la fuerza bruta y se conducían imparcialmente, hoy en día con las reformas y jurisprudencia que han emanado, y tomando como referencia la manera tradicional de operar lo que esta decretado legalmente se comienza a convertir en un impedimento.

Otro punto relevante dentro de este tema es indudablemente el art 27 que habla sobre la suspensión de garantías donde esto es por causas determinadas en el artículo, lo ideal no es la suspensión de esta ya que eso no basta para mejorar se deben plantear otras soluciones.

Como conclusión podemos enfatizar que una buena solución es la construcción de políticas en materia de seguridad, que tenga bien planteados esquemas referentes a derechos humanos así como la jurisprudencia de organismos que integren la seguridad y sean responsables de los cuerpos de seguridad que garanticen que estos derechos y garantías sean respetadas independientemente de las situaciones de delincuencia y violencia.

La Corte Interamericana ha desarrollado una extensa jurisprudencia, señalando que:

Existe un vínculo indisoluble entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos y el principio de igualdad y no discriminación. Los Estados están obligados a respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades sin discriminación alguna. El incumplimiento por el Estado, mediante cualquier tratamiento discriminatorio, de la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos, le genera responsabilidad internacional.[4]

Como debería de ser toda limitación o restricción hacia los derechos humanos debe ser sujeto a la ley, y estas leyes deben de promoverse a la población misma que conozca sus derechos para que los policías no puedan seguir presentando contextos de impunidad y abuso de autoridad donde la población haga valer por sí misma sus derechos humanos y garantías individuales.

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