PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO

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pronuncie la sentencia penal firme que declare su culpabilidad y la someta a una pena.

El imputado sebe ser considerado y tratado como inocente durante todo el proceso, por lo que goza de la misma situación jurídica que un inocente. Este principio repercute en 3 cuestiones fundamentales:

1. IN DUBIO PRO REO

En caso de duda, el juez debe decidir a favor del imputado.

Es una garantía derivada del principio de inocencia (art 18 CN), y su ámbito de actuación es la sentencia o una decisión definitiva equiparable. Para su dictado al juez se le exige el estado de certeza: la sentencia, y por ende la pena, solo pueden estar fundadas en la certeza del tribunal que falla acerca de la existencia de un hecho punible atribuible al imputado. La duda o la probabilidad impiden la condena y desembocan en la absolución.

2. ONUS PROBANDI

La carga de demostrar la culpabilidad del imputado le corresponde al MPF, y no al imputado.

El imputado no tiene necesidad de construir su inocencia porque ya está construida por la presunción de que es inocente, y quien lo condena debe destruir esa posición, arribando a la certeza de que cometió el delito.

El deber del acusador no es verificar el hecho punible, sino investigar la verdad objetiva, tanto en perjuicio como a favor del imputado. Debe recolectar pruebas tanto incriminantes como desincriminantes, por el principio rector de la objetividad.

3. COERCION PROCESAL

Como contracara a la libertad hablamos de las medidas de coerción. Durante el proceso, el Estado puede aplicar alguna medida de coerción que restrinja los derechos del imputado, y el más importante de ellos que está en juego es la libertad. Pese a impedir la aplicación de una pena hasta la sentencia firme de condena, se tolera el arresto por orden escrita de autoridad competente.

En el Derecho Procesal Penal, el fundamento real de una medida de coerción sólo puede residir en el peligro de fuga del imputado o en el entorpecimiento probatorio

La medida de coerción más gravosa es la prisión preventiva.

La diferencia entre la coerción material (pena) y la coerción procesal se puede establecer por el lado de los fines que una y otra persiguen.

Coerción material: es la sanción del Estado frente a un delito, con el fin de prevenir genéricamente las infracciones de las normas.

Coerción procesal: tiene como fines:

a) La correcta averiguación de la verdad: por ejemplo, puede ser obstaculizada por un testigo que, citado a declarar, no concurre. Por eso se autoriza a usar la fuerza pública para lograr su comparecencia forzosa.

b) La actuación de la ley penal: puede verse impedida por una acción que la inhiba. La fuga del imputado impide la ejecución de la pena impuesta como la realización del procedimiento, ya que en el derecho procesal penal no se permite la persecución penal del ausente (rebeldía). Esa es la razón principal por la que se autoriza la privación de libertad del imputado durante el procedimiento, aunque también puede proceder por peligro de entorpecimiento probatorio.

Cualquier medida de coerción afecta alguno de los derechos fundamentales reconocidos al hombre por la CN:

• Encarcelamiento preventivo (detención, prisión preventiva): afecta a la libertad física, el derecho "de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino" (CN 14). Sin embargo, la propia CN autoriza este procedimiento en el art 18.

• Allanamiento: afecta al derecho a la intimidad, "el domicilio es inviolable" (CN 18).

• Apertura o inspección de correspondencia y papeles privados: afecta a la intimidad de la correspondencia y documentación personal (CN 18).

• Embargo y secuestro: afectan a la libertad de disposición de los bienes (CN 18).

• Extracción de muestras sanguíneas y otras inspecciones médicas: afectan al derecho a la integridad física, o en ocasiones a la intimidad personal (tests psicológicos).