Principio de la Decadencia de la Voluntad.

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La libertad sin frenos, sin límite alguno, produce una anarquía en la distribución de los bienes, por lo cual se hacen necesarios correctivos que permitan una distribución más equitativa, lo que implica la regulación de ciertas actividades. La prohibición de los monopolios (Art.97 CN) no es necesariamente la mejor medida para ello, por eso hoy se tiende más bien a una regulación que permita la distribución más eficiente de los bienes (Ley para Promover y Proteger la Libertad Competencia -30-12-91 y la Ley Sobre Prácticas Desleales del Comercio Internacional -26.3.93).

El estado no solo interviene en la protección de los débiles jurídicos sino también en la planificación de la economía (Art. 95 y 98 de la Constitución Nacional), lo que implica, además de la existencia de normas que protegen a los débiles jurídicos, la regulación detallada de ciertas actividades, como la intermediación financiera, la intermediación en la colocación y venta de títulos valores al público, los seguros, el transporte, la venta de parcelas urbanizadas, la venta en propiedad horizontal y de tantas otras actividades. Aparece así lo que se ha denominada el contrato dirigido, cuyo contenido requiere a veces la previa aprobación de órganos del Poder Público (Pólizas de Seguros – Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros).

Todo ello ha conducido a un desarrollo exagerado de la noción de orden público, siendo cada día mayor el número de normas que no son derogables por la voluntad de los particulares. El nuevo orden público implica la existencia de múltiples normas imperativas, contenidas no solo en la Constitución, sino en las leyes, Decretos, Reglamentos, Resoluciones Ministeriales y en otras fuentes de menor jerarquía.

Posteriormente aparece el contrato “obligatorio”, en el cual una de las partes ya ni siquiera tiene la libertad de contratar o no, sino que tiene la obligación de contratar con quienes requieren sus servicios, generalmente servicios públicos (teléfono, suministro de electricidad, agua). Inclusive, el Derecho objetivo prevé el contrato obligatorio sin que exista un servicio público, como la obligación de arrendar las viviendas desocupadas o vacantes a que se referían los artículos 21 y 23 de la Ley de Regulación de Alquileres derogada.