Sistema de Justicia Argentino reseña

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o extra-poder – similar al nacional - y en otros se constituyen en órgano integrante del Poder Judicial.

La excepción de este esquema, está constituida por la Ciudad de Buenos Aires, donde el tratamiento de los delitos comunes también corresponde al gobierno federal, y que se divide en los siguientes fueros:

En este caso tanto la organización como el ordenamiento procesal están regidos por las normas de carácter federal. De este modo, en nuestro país conviven simultáneamente una organización judicial y un código procesal penal de tipo federal, con una organización y código procesal de tipo local específico para cada provincia.

Más allá de esta organización de carácter federal, partiendo de la sofisticación que cada día desarrollan las distintas formas de delincuencia compleja, se observa que ésta empieza a caracterizarse por su interjurisdiccionalidad. Este es el caso de, por ejemplo, los llamados “secuestros Express”, los delitos informáticos, las defraudaciones interbancarias, etc., y como consecuencia directa las divisiones políticas territoriales se constituyen como un obstáculo a la hora de establecer lineamientos de actuación para todo el país.

Con miras a superar esta dificultad es que, desde la Procuración General de la Nación (MPF Federal), ha surgido la iniciativa de creación del Consejo Federal de Política Criminal, que nucléa a Procuradores y Defensores Generales de todo el país, como instancia coordinadora y articuladora de políticas de persecución penal y actuación del Ministerio Público en todo el territorio del país.

III) El Ministerio Público Fiscal: estructura y funcionamiento.

III.1- Principales Autoridades.

El Ministerio Público es una institución definida y reglada por la Constitución Nacional en su art. 120 a partir de la reforma practicada en el año 1994, que luego fue reglamentada por la Ley Orgánica 24.946, vigente desde principios del año 1998.

Su máxima autoridad es el Procurador General de la Nación, quien actúa en una doble función: es por un lado el Fiscal ante la Corte Suprema dictaminando en las causas judiciales que llegan a esa instancia, y por otro lado, el jefe máximo de todos los Fiscales, coordinando en tal sentido su accionar y estableciendo, entre otras potestades, las pautas de la política criminal y de persecución penal del Ministerio Público.

Continuando en orden de jerarquía, colaboran con el Procurador General en la función netamente judicial, cuatro Procuradores Fiscales que se abocan a los casos en los que el Procurador decide no dictaminar personalmente, y cuyas funciones se encuentran definidos en diversas normas de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. Le siguen los Fiscales Generales de la Procuración General, Los Fiscales Generales ante la Cámara de Casación Penal, los Fiscales Generales ante las distintas Cámaras de Apelaciones, los Fiscales Generales ante los Tribunales Orales y los Fiscales de Primera Instancia.

El Ministerio Público Fiscal está basado en una organización de tipo piramidal que actúa bajo los principios de jerarquía, unidad de actuación y coherencia institucional. Estos principios se hallan estrechamente vinculados, a tal punto que cada uno de ellos hace a la esencia del otro, y todos en conjunto tienen una directa razón de ser en la misión específica que posee el Ministerio Público Fiscal en el ámbito del proceso penal, y en la particular atribución de constituirse en un formulador coherente de la política criminal y de persecución penal.

Más allá de ello, es válido aclarar que aunque el Ministerio Público Fiscal constituye un órgano jerárquico hacia su interior, la unidad de actuación se impone a los magistrados inferiores sin perjuicio de la autonomía que corresponda, como consecuencia de la especificidad de las funciones de los fiscales. Al mismo tiempo, y en punto a las instrucciones que deben obedecer, admite un mecanismo para que aquellos dejen a salvo sus opiniones personales, cuando actúen en cumplimiento de directivas emanadas del Procurador General de la Nación.

III.2- Organización interna de la Procuración General de la Nación: Fiscalías Generales y áreas dependientes del Procurador General.

La Procuración General, como órgano máximo del MPF (MINISTERIO Público Fiscal), posee áreas de estrategia, planificación y capacitación que tienen un importante rol en la gestión y conducción del organismo.

Ellas son, de acuerdo al siguiente detalle:

1) la Secretaría de Administración General: ejerce la conducción de las tareas inherentes a las Direcciones de Administración, Informática y Servicios Generales, conforme las estrategias y objetivos que establece el Procurador General.

2) la Fiscalía General de Capacitación: resulta de vital importancia para el desarrollo institucional, en atención a que brinda la capacitación y actualización necesaria no sólo para los magistrados en funciones, sino también para los aspirantes a la carrera judicial. Entre sus tareas más relevantes se puede citar la labor desarrollada por la oficina de concursos –encargada de la selección de los aspirantes a cargos de fiscales, la conducción de la biblioteca, el diseño y mantenimiento de la página Web institucional y de la revista del MPF, así como también la coordinación de los cursos y escuela de capacitación para empleados y funcionarios.

3) la Fiscalía General de Superintendencia y Desarrollo Institucional: tiene a su cargo diversas tareas de coordinación con las fuerzas de seguridad, equipos de trabajo, elaboración de proyectos de ley, y coordinación de algunas unidades especiales de investigación. Asimismo funciona de nexo de las Fiscalías Federales del interior del país, y como mecanismo coordinador de las relaciones regionales y del Consejo Federal de Política Criminal del Ministerio Público de la República Argentina (Ministerios Públicos de las provincias). Dentro de su estructura se encuentran comprendidas la Oficina de Protocolización y Notificaciones, la Dirección General de Investigaciones con Autor Desconocido y la Unidad de Apoyo y Control de Actuación Funcional.

4) la Fiscalía General de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios: su misión consiste en asistir y asesorar al Procurador General de la Nación en la formulación de la política criminal y los lineamientos fundamentales de la tutela de los derechos humanos a cargo del Ministerio Público Fiscal y las estrategias de relación de éste con la comunidad en general y sus asociaciones intermedias. Se encuentra divida en 2 áreas: a) el Área de Política Criminal: en su marco