El derecho para no juristas.

...

1.4.3.1 Políticas económicas y redistribución

El Estado también se relaciona con la economía mediante las políticas económicas, destinadas, en principio, a contabilizar el progreso económico mediante una redistribución de sus beneficios.

El Estado se vale del sistema tributario o impositivo para:

-

Garantizar la distribución de los beneficios derivados del desarrollo económico

-

Proveer los bienes y servicios públicos.

-

Garantizar los recursos comunes que el mercado no es capaz ( defensa, sanidad universal, etc).

El Estado recauda el dinero para llevar a cabo sus objetivos. Se presupone que el sistema tributario debe ser eficiente ( imponer menor coste para la sociedad) y equitativo en la distribución de la carga.

Los impuestos se exigen sobre:

-

Beneficios de las empresas (IS)

-

Ingresos de las familias o personas (IRPF que incluye tanto los rendimientos del trabajo como las rentas del capital y los incrementos de patrimonio).

-

Sobre el precio de facturación final que paga el consumidor de bienes y servicios (IVA).

-

Patrimonios de cierta importancia, en algunas etapas también han estado sujetos a un impuesto (Impuesto sobre el patrimonio).

-

Las adquisiciones de bienes por herencia o por donación. (Impuesto de sucesiones y donaciones).

También existen algunos impuestos llamados impuestos especiales, que gravan productos concretos como el alcohol (vodka), el tabaco, los carburantes.

Algunos impuestos son proporcionales (un porcentaje sobre la base imponible), otros son progresivos (la tarifa porcentual se incrementa según aumenta la base imponible, otros aplican una cantidad fija. Determinados servicios públicos que se pueden individualizar se cobran mediante tasas.

Los economistas alertan de que los impuestos progresivos producen distorsiones en los mercados así como una pérdida irrecuperable de eficiencia. En términos generales, la carga impositiva en Europa occidental es más alta que en EE.UU, donde el Estado no provee un Estado del bienestar tan alto. Los ejemplos de muchos países de Latinoamérica nos han mostrado que los países fiscalmente débiles tienden a la quiebra no solo económica sino también social y política.

1.4.3.2 Relaciones laborales

Las condiciones básicas del contrato de trabajo están reguladas por el Estado para reequilibrar la diferencia de poder contractual entre el empresario y el trabajador.

También existe un salario mínimo determinado legalmente. Este factor dicen los economistas liberales que produce desempleo entre los jóvenes, pero los partidarios del Estado del bienestar defienden que la ausencia de regulaciones respecto a los contratos de trabajo y salario mínimo generarían situaciones de explotación socialmente insoportables. El Estado protege al trabajador con estas regulaciones porque aunque estaría dispuesto a trabajar por un salario menor, no se cree que está voluntad sea realmente autónoma.

1.4.3.3 Protección de los consumidores

El Estado interviene en las relaciones entre vendedores y compradores para equilibrar el déficit informativo y de negociación de estos últimos y garantizar sus expectativas legítimas acerca de la calidad y las prestaciones de los productos que adquieren.

Finalmente, es importante concluir que la vida económica está encuadrada por el Derecho.

1.4.3.4 Regulaciones y economía de mercado

¿Cuánto Derecho y cuánto mercado? ¿ Cuánta intervención del Estado es deseable o posible? No son cuestiones meramente técnicas porque están relacionadas con puntos de vista filosóficos y políticos sobre cuál es el tipo de sociedad humana deseable o posible. Contemplemos los dos supuestos extremos:

-

Un sistema económico (en el que está incluida la economía financiera) sin ninguna intervención del Derecho (sin regulaciones) no solo no provee equidad (tampoco lo pretende) sino que acaba siendo a muy corto plazo ineficiente a causa del hundimiento de las expectativas del cumplimiento de los pactos (muestra dilema prisionero) y de los fallos generalizados del mercado.

-

Un sistema económico totalmente intervenido, centralizado y planificado ( siglo XX, normalmente asociados a dictaduras totalitarias) deja prácticamente de ser economía ( como mínimo de mercado porque ya no transmite información sobre la oferta y la demanda o el precio) para ser fundamentalmente Derecho, es un artefacto que lleva a todo el mundo por la fuerza a donde no quieren ir, pero esta vez sin justificación verificable desde el punto de vista del interés general.

Capítulo 2

Capítulo II. Estructura y fines del Derecho.

2.1 La estructura del Derecho

2.1.1 Introducción

El Derecho, puede considerarse un instrumento para alcanzar ciertos fines.

Un Derecho es un conjunto de normas de diverso tipo y distinta jerarquía. Tales normas que integran los sistemas jurídicos están estructuradas, para que no haya conflictos y para que puedan cumplir los fines para los que fueron creadas, aunque estos objetivos, no siempre se alcanzan. Dado que los sistemas jurídicos pretenden alcanzar distintos fines, existen distintas clases de normas según los sujetos a los que se dirigen o el propósito con el que fueron promulgadas.

Existen varias formas de clasificar las normas, aquí las clasificaremos según cual fue su fuente de creación. Mostraremos también, grosso modo, cuál es la jerarquía normativa en el ordenamiento español. Finalmente, también veremos: