INSERCION Y EXCLUSION EN EL AMBITO LABORAL

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mediante la integración de los individuos que la sufren al mercado de trabajo; no se considera que el problema se caracteriza por la generalización de actividades económicas informales de baja productividad y con bajos salarios.

Por otro lado, los empleadores de personal con discapacidad por lo general desconocen la existencia de incentivos gubernamentales para las empresas que contratan a ese tipo de trabajadores. Esto significa que en México existe un estado de excepción porque en la zona de la vulnerabilidad social la ley no tiene vigencia ni se aplica, lo que reproduce una ciudadanía precaria. El discapacitado es visto más como un costo mayor para la empresa que como un beneficio, pues se considera que para contratarlo deben realizar cambios en la infraestructura física del negocio. No existe la disposición para introducir los cambios materiales necesarios en sus empresas para adecuarlos a las necesidades de los discapacitados; tampoco están dispuestos a vincularse con las organizaciones civiles que proporcionan algún tipo de asistencia a los discapacitados para su reclutamiento como empleados.

Lo anterior manifiesta la existencia de una fragmentación social favorable a la producción y reproducción de la vulnerabilidad, en la que no se han podido construir redes entre las organizaciones que crean solidaridad y las organizaciones empresariales orientadas por el lucro. La fragmentación social niega la condición de ciudadanía de grandes franjas de la población mexicana, lo que resulta particularmente grave para las personas que sufren algún tipo de discriminación física. La mayoría de las personas con discapacidad obtienen un empleo en el sector servicios gracias a la intervención de las organizaciones civiles. El resto de los empleos son por cuenta propia y en el sector secundario o industrial.

Este hecho se convierte en evidencia de la precariedad material que sufren los discapacitados, y que los coloca en una situación de supervivencia, la cual significa también ausencia de protecciones sociales de parte de las instituciones de bienestar estatal, lo que indica que la vulnerabilidad se ha generalizado para este colectivo mexicano.

Por su parte, las organizaciones civiles que atienden a personas con discapacidad han establecido que el principal medio de integración o inserción social es el mercado de trabajo. Y para lograr un empleo deben tener capacitación en habilidades y conocimientos demandados por los empleadores. Esto quiere decir que lo más importante es obtener una fuente de ingresos, sin importar su monto ni si existe la seguridad social. Sin embargo, la precariedad laboral es consecuencia de los bajos ingresos y de la focalización de los programas sociales, que se han concebido como asistencia social, desplazando la noción de servicios prestados como derechos sociales.

Otro problema es que la presencia gubernamental en la instrucción de los programas de capacitación laboral es limitada y busca que las diversas organizaciones civiles amplíen el número de acciones a favor de los que sufren las consecuencias negativas de la vulnerabilidad. No se considera la posibilidad de articular esfuerzos para cumplir metas de desarrollo social.

CONCLUSION

La construcción social de la discapacidad está ligada a la percepción que tienen las organizaciones civiles sobre las potencialidades conferidas al empleo remunerado para la solución del problema de la vulnerabilidad. De este modo, se considera que la discapacidad es un problema de exclusión social que podría resolverse a través de dos mecanismos de inserción social: el reconocimiento legal y la organización de cursos de capacitación para adquirir algunas habilidades que puedan transformar a los discapacitados en trabajadores ante la debilidad de la protección social estatal.

En el caso de México, el reconocimiento del estatuto legal de la discapacidad no ha favorecido la integración social porque el trabajo asalariado forma parte de la zona de la vulnerabilidad; sobre todo, por su precariedad, que se manifiesta en los bajos salarios y la ausencia de seguridad social estatal. En esa medida, se ha constituido una nueva forma de exclusión social, que en realidad es una desafiliación porque las actividades de los organismos de la sociedad civil no han logrado fortalecer redes sociales que estructuren la protección social necesaria para impedir que la pobreza y la miseria provoquen la vulnerabilidad de los colectivos con discapacidad.

Lo que se necesita es que el trabajo asalariado recupere su doble estatuto: como parte de los derechos sociales y como productor de solidaridad, lo que significa que su capacidad de inserción se refleje en mejores niveles de vida. Sin embargo, las actividades desarrolladas por las organizaciones civiles para atender a las personas con discapacidad son de valía, en el sentido de que han construido sus propios dispositivos para buscar de alguna manera la inserción social.

Es importante que nosotros como futuros profesionales de la salud mental, cámbiennos nuestras representaciones mentales, nuestros esquemas, para brindar una mejor atención a quienes se encuentran en esta situación, además de mantener una actitud proactiva y emprendedora para diseñar programas de capacitación dirigido tanto al sector educativo como empresarial y de esta manera intentar concientizar e incluso cambiar las representaciones sociales que se tienen sobre las personas con algún tipo de discapacidad y entonces lograr una inserción e inclusión a la normalidad, tanto de nuestros conceptos del tema así como de las personas con dicho problema.

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