Ayotzinapa, no es un caso más

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Entre los principales antecedentes de represión hacia estas escuelas está el caso de Hidalgo en el año 2000, cuando la Normal Rural de Moxe exigía becas al gobierno y este respondió enviando granaderos. Posteriormente en 2007 hubo otro caso de represión en Ayotzinapa, en 2008 en Michoacán, uno más en 2011 cuando el gobierno de Guerrero asesinó a dos normalistas de Ayotzinapa durante una manifestación pacífica por mayor presupuesto (Padilla, 2009).

Evidentemente existe una historia de resistencia por parte de las Escuelas Normales Rurales ante las acciones del gobierno, especialmente en Guerrero, que es un estado en el que se concentran grandes problemas sociales. Paradójicamente es un territorio donde se combina la riqueza de recursos naturales y la pobreza de las comunidades, dinámica común del sistema capitalista combinado con un gobierno autoritario que favorece a las élites económicas nacionales y transnacionales. Se habla del abuso de las compañías mineras, la siembra de opio y amapola (2015, pág. 46) Ante este tipo de injusticias “la Normal de Ayotzinapa es reconocida como una de las normales más activas en la lucha política e históricamente ha sido una referencia como escuela combativa” (2015, pág. 47).

Un caso de desaparición forzada.

En el apartado anterior se evidenció el resentimiento y desprecio por parte del Estado hacia las escuelas normales rurales, pero en la actualidad a este problema o tensión entre ambos actores se suma un tercero, el narcotráfico, actor fuera de la ley pero que cuenta con nexos con miembros del sistema político o bien del Estado, quien se supone tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza en términos de Weber, pero ¿Qué pasa cuando el Estado utiliza ese monopolio legitimo para fines ilegítimos, afectando a sus mismos gobernados? Es un claro abuso de poder y muestra de un auténtico sistema político autoritario.

Ahora que se argumentó el hecho de que el Estado coludido con el crimen organizado, actor del que se hablará más adelante, es responsable de los hechos ocurridos la madrugada del 26 de Septiembre de 2014 es importante definir la expresión “desaparición forzada”.

“Las desapariciones forzadas únicamente se consideran como tales cuando quienes las cometen son agentes gubernamentales, particulares o grupos organizados, por ejemplo grupos paramilitares, que actúan en nombre del Gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su aquiescencia” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ).

Lo anterior es importante ya que la desaparición forzada está contemplada en el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, que México ha ratificado en 2005, ¿Qué significa esto? Pues claramente una violación por parte del Estado mexicano al derecho Internacional. Las familias de los desaparecidos ya han acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual no soluciona el conflicto porque la CIDH simplemente juzga al Estado abstracto y no a individuos, lo cual no implica una verdadera sanción o justicia hacia los verdaderos actores, por lo que se debe acudir a la Corte Penal Internacional, que por el contrario es un órgano encargado de juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, como lo fue el caso de Ayotzinapa.

Los medios de comunicación, un arma de doble filo y el espacio público.

La lectura AYOTZINAPA, INDIGNACIÓN Y ORGANIZACIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO (2015, págs. 38-68) menciona la importancia del espacio público y la intervención de la sociedad civil en el caso de Ayotzinapa, toma un papel muy optimista respecto a la respuesta de la sociedad, sin embargo cabe considerar que al hacer referencia a los movimientos sociales o intervención de la sociedad civil, se tiene que tomar en cuenta el papel de los medios de comunicación.

“La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos durante la noche del 26 de septiembre de 2014 y el asesinato de otras seis personas en el lugar de los hechos, conmocionó a una sociedad que parecía haber aceptado la impunidad, violencia y terror como algo normal y parte de sus vidas” (2015, pág. 39).

La última parte de la cita es importante ¿Qué pasa con la sociedad ante el permanente sentimiento de incertidumbre?, ¿Será que ya estamos acostumbrados al terror y ya nada nos estremece tanto como ocurría hace apenas algunos años ante noticias relacionadas con asesinatos, tortura o cuerpos descuartizados?

En esta afirmación tienen parte de la responsabilidad los medios, que deshumanizan a las víctimas del crimen organizado atribuyendo todas las muertes, fosas, crímenes (sin mayor profundización, detalle o investigación real ) a “peleas entre cárteles”, idea que entra en la mente de las personas y elimina la identidad, nombres y apellidos de las víctimas. Dicho discurso de las “pugnas entre cárteles” lo maneja oficialmente el Estado para justificar absolutamente todas las muertes, lo cual es alarmante y limita absolutamente la capacidad de cuestionamiento y debate de la sociedad, que es de dónde surgen los reclamos justificados hacia el gobierno.

Ahora bien, gracias a las familias de los normalistas y la cultura de consciencia social de las normales rurales, que dieron públicamente los nombres y apellidos de las víctimas además del hecho de que eran estudiantes se logró un movimiento masivo, sin embargo continuamente escuchamos el discurso que el gobierno y algunos medios quieren que se propague “que eran personas revoltosas, guerrilleros socialistas, que alteraban la inexistente paz social” es decir quieren deshumanizarlos también, o relacionarles con el sector criminal que ya está deshumanizado y eliminar el debate, este discurso desgraciadamente permeó en sectores amplios de la sociedad por lo cual el movimiento no ha logrado trascender (interesante subrayar que la marcha por la familia tuvo más asistentes) o hecho cambios institucionales y de conciencia como el conocido movimiento del 68.

Conclusión

La principal conclusión a partir de la lectura de los hechos y en cuestionamiento al optimismo con respecto al espacio público que incluye apoyo de iglesia y otras instituciones internacionales, que si bien ayudo al movimiento es que definitivamente no se han publicado o más bien proliferado investigaciones que incluyan información relevante que ayude a plantear soluciones por medios jurídicos, por mencionar un ejemplo inmediato, como se expuso anteriormente con la Corte Penal Internacional. Es decir los medios populares e informes del Estado (que el ente criminal,