CAPÍTULO I. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

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- Objetivos

- Objetivo General

Analizar el impacto de la Ley General del Servicio Profesional Docente en razón de la evaluación del desempeño y la permanencia en el servicio basado en el principio rector de la progresividad.

1.3.1.2 Objetivos Específicos

Explicar la Reforma Educativa, y sus repercusiones en la relación laboral.

Explicar que la omisión del principio de progresividad en la aplicación de la Ley del Servicio Profesional Docente en su aspecto negativo en relación con el derecho Humano a la estabilidad en empleo, causará; inseguridad laboral, económica, y social.

Definir el principio de progresividad de conformidad con el artículo 1º Constitucional y de los Tratados Internacionales.

Analizar las posturas del magisterio en relación a la evaluación docente y su impacto a la estabilidad laboral.

- Hipótesis

- Hipótesis de Trabajo

Con la aplicación de la Ley del Servicio Profesional Docente; Vulnera el principio de progresividad en su aspecto negativo de no regresividad, en relación con el Derecho Humano a la estabilidad en el empleo.

1.4.1 Hipótesis Nula

Con la aplicación de la Ley del Servicio Profesional Docente; No vulnera el principio de progresividad en su aspecto negativo de no regresividad, en relación con el Derecho Humano a la estabilidad en el empleo.

CAPITULO II. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 Antecedentes sobre la Reforma Educativa.

En diciembre de 2012, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto presentó ante el Congreso una iniciativa de reforma a los artículos 3 y 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Una vez recibida por los legisladores, inició el proceso legislativo respectivo, finalizando en febrero de 2013 con la promulgación de dichas reformas. La reforma constitucional mencionada instituyó como órgano constitucional autónomo al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y lo dotó de nuevas responsabilidades y atribuciones. Igualmente, en el texto constitucional se estableció la obligación del Estado de garantizar la calidad educativa y se determinó que el ingreso al Servicio Profesional Docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, será mediante concursos de oposición públicos, dejando a la ley secundaria su reglamentación; asimismo, la reforma constitucional creó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, cuya coordinación estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Como consecuencia de esta reforma constitucional, fueron aprobadas en agosto de 2013 la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) y las reformas a la Ley General de Educación. Ésta última, estableció que todo individuo tiene derecho a una educación de calidad y que el Estado estará obligado a prestar servicios educativos que respondan ese derecho y que garanticen un mayúsculo aprendizaje de los educandos. Asimismo, ratificó la condición de gratuidad de la educación pública y dispuso que las autoridades educativas tomarán las medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

Por su parte, la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación regula lo referente al Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE) y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). De acuerdo con la ley, el Sistema Nacional de Evaluación Educativa tiene por objeto contribuir a garantizar la calidad de los servicios educativos prestados por el Estado y los particulares autorizados; y tiene como fines:

a) establecer la efectiva coordinación de las autoridades educativas que lo integran y dar seguimiento a las acciones que para tal efecto se establezcan; b) formular políticas integrales, sistemáticas y continuas, así como programas y estrategias en materia de evaluación educativa; c) promover la congruencia de los planes, programas y acciones que emprendan las autoridades educativas con las directrices que, con base en los resultados de la evaluación, emita el INEE; d) analizar, sistematizar, administrar y difundir información que contribuya a evaluar los componentes, procesos y resultados del sistema nacional educativo; y e) verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del sistema educativo nacional. INEE, (2013).

Por lo que respecta al INEE, la ley lo define como un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios, por lo que contará con autonomía técnica, de gestión, presupuestaria y para determinar su organización interna. El INEE tiene por objeto coordinar el SNEE, así como evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional en lo que se refiere a la educación básica y media superior, tanto pública como privada, en todas sus modalidades y servicios. Igualmente, diseñará y realizará mediciones y evaluaciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema educativo nacional respecto a los atributos de educandos, docentes y autoridades escolares, así como de las características de instituciones, políticas y programas educativos.

Asimismo, corresponde al INEE diseñar y expedir los lineamientos generales de evaluación educativa a los que se sujetarán las autoridades educativas para llevar a cabo las funciones de evaluación. La evaluación, a que se refiere la ley, consiste en: “la acción de emitir juicios de valor que resultan de comparar los resultados de una medición u observación de componentes, procesos o resultados del sistema nacional con un referente previamente establecido”. De tal suerte que la evaluación tiene como finalidad: a) contribuir a mejorar la calidad de la educación; b) ayudar a la formulación de políticas educativas y el diseño e implementación de los planes y programas que de ellas deriven; c) ofrecer información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos de mejora establecidos por las autoridades educativas; d) mejorar la gestión escolar y los procesos educativos; y e) fomentar la transparencia