COLABORATIVO I Masacre en trujillo

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Mientras nadie se daba cuenta los encargados del programa tejido social fueron acusados de ayudar a la guerrilla el ejército de liberación nacional ELN poco a poco la población se da cuenta que algunos de los campesinos han desaparecido, cuando emprenden su búsqueda se encuentran con cuerpos descuartizados flotando en el rio cauca.

Los intereses de estos grupos armados (ELN - FARC) era que ellos necesitaban erradicar las reglas e ideologías de sus contrarios, e inculcar a los habitantes unas ideologías nuevas, las cuales, los beneficiaban.

Al ver que tal vez los habitantes ayudaban a otras personas que no fuesen de sus mismas ideas los desaparecían, los mataban y los torturaban ya que no les convenía. Para el sostenimiento de ellos existía el narcotráfico lo cual se convirtió en un multiplicador de dinero en el cual era formado por Diego Montoya alias ¨ Don diego¨ y Henry Loaiza alias ¨El alacrán¨.

De los personajes anteriormente mencionados, cabe resaltar que solo a los narcotraficantes se les ha demostrado plena participación intelectual y, financiera, y demás en los hechos, por lo cual también ha sido clave para la determinación de sus penas, aunque según el Estado Colombiano solo se les debe enjuiciar por Narcotráfico.

Después de casi 24 años de impunidad, se ha avanzado en las investigaciones pero solo se ha llamado a indagar al general Manuel José Bonnet, y no ha habido condena para nadie.

Se dice que Los sucesos violentos de Trujillo jamás hubieran adquirido la gravedad y dimensión, si el conjunto de las llamadas fuerzas vivas de la sociedad colombiana y las autoridades civiles, nacionales y regionales, hubieran emprendido los esfuerzos que demandaban las circunstancias o correspondían a sus competencias y atribuciones”, pero evidentemente esto denota un afán por buscar responsabilidades en la sociedad civil y no en el estado mismo, y su falta de presencia en el sitio de los hechos.

Las palabras del presidente de aquel entonces:

``Acepto, como Presidente de Colombia, la responsabilidad que corresponde al Estado Colombiano por la acción u omisión de servidores públicos en la ocurrencia de los hechos violentos de Trujillo, sucedidos entre los años 1988 y 1991 ...’’