CUAL ES LA COMPETITIVIDAD ESTATAL

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Generar programas de apoyo para el reciclaje con instituciones privadas que estén basadas en la planeación a mediano plazo de la disposición de basura en rellenos sanitarios controlados.

SOCIEDAD INCLUYENTE, PREPARADA Y SANA

El subíndice de Sociedad mide la calidad de vida de los habitantes a través de tres áreas: inclusión, educación y salud. Éstas dan un indicio de las oportunidades que existen en un estado para formar, atraer y aprovechar el capital humano. Incluye indicadores de rendimiento académico, oferta médica y servicios de salud, condiciones socio-económicas, pobreza y desigualdad. Un estado que ofrece altos niveles de calidad de vida para toda su población es mucho más atractivo para el talento y las inversiones.

La Ciudad de México obtiene el primer lugar en el subíndice Sociedad incluyente porque se encontró entre los primeros dos lugares en 11 de los 19 indicadores analizados. Fue el estado con mayor proporción de mujeres económicamente activas (44.5%), la mayor escolaridad promedio (10.9 años), la mayor proporción de escuelas de calidad (39.7) y las mayores tasas de médicos y enfermeras (9.08 por cada mil habitantes), médicos con especialidad (2.23 por cada mil habitantes) y camas de hospital (1.83 por cada mil habitantes). Tuvo las menores tasas de analfabetismo (1.7%) y embarazos adolescentes (49.2 por cada mil mujeres entre 15 y 19 años) así como la segunda menor proporción de personas en condiciones de pobreza (28.4%), la segunda mayor proporción de personas con acceso a alcantarillado (95.9%) y la segunda esperanza de vida más alta (75.9 años).

En este sentido, cabe destacar que Campeche, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Michoacán, Morelos, Nayarit y Quintana Roo son los únicos estados que consideran al matrimonio como la unión entre dos personas y no como la unión entre hombre y mujer.

SISTEMA POLÍTICO ESTABLE Y FUNCIONAL

El subíndice de Político mide el potencial de los sistemas políticos estatales para ser estables y funcionales. La buena calidad del sistema político puede incentivar la inversión mediante la creación de un entorno de sana competencia que conduzca a una mayor rendición de cuentas. Se incorporan indicadores que dan información sobre corrupción, participación ciudadana en la vida política del estado y libertades civiles. La buena calidad del sistema político puede incentivar la inversión mediante la creación de un entorno estable y una gestión pública acostumbrada a rendir cuentas.

En cuanto a un sistema político estable y funcional, la Ciudad de México se encuentra posicionada en el lugar número 17, tres puntos por debajo del promedio.

Con referencia a las libertades civiles, en 2014 se presentaron 326 agresiones a periodistas, 76% de éstas tuvieron lugar en siete estados: Ciudad de México (85), Quintana Roo (42), Veracruz (41), Guerrero (28), Oaxaca (22), Puebla (16) y Sinaloa (13).

Las recomendaciones para promover un sistema político estable y funciona, son las siguientes:

Las entidades federativas deben fortalecer la autonomía e independencia de sus Órganos Superiores de Fiscalización (OSF). Además de la autonomía técnica y de gestión que actualmente poseen los OSF, se debe garantizar la autonomía presupuestaria de estos órganos, evitando así que la disponibilidad y administración de recursos esté sujeta a la voluntad de los congresos locales.

La legislación local en materia de fiscalización debe asegurar la profesionalización del personal de los OFS y garantizar que la ocupación y promoción de las plazas que tienen que ver con auditoría sea a través de concursos de oposición y no por interferencias políticas. En este sentido, es necesario que en las leyes de la materia se establezcan y desarrollen los principios y reglas de operación de los servicios fiscalizadores de carrera.

Las entidades federativas deben emprender iniciativas para implementar sus respectivos Sistemas Estatales Anticorrupción. Las constituciones locales deberán eliminar el fuero constitucional del que gozan los servidores públicos locales en delitos del fuero común. En este sentido, la comisión de un delito debe perseguirse y sancionarse en términos de la legislación penal de cada estado.

El derecho de presentar iniciativas ciudadanas a nivel local debe tener como techo el porcentaje establecido a nivel federal; de lo contrario, se evita el debate parlamentario sobre temas de interés público. Además, en materia de candidaturas independientes para titulares del ejecutivo y diputados locales las leyes electorales de las entidades federativas no deberían establecer porcentajes y requisitos mayores a los fijados en el ámbito federal.

GOBIERNOS EFICIENTES Y EFICACES

El subíndice de Gobierno mide la forma en que los gobiernos son capaces de influir positivamente en la competitividad de sus estados. Entre las acciones necesarias para cumplir este objetivo se encuentran las políticas públicas orientadas a fomentar el desarrollo económico local. Por tanto, este subíndice incluye indicadores relacionados con la promoción del desarrollo económico y la formalidad de la economía. Además, incluye indicadores sobre la capacidad para generar ingresos propios, la calidad de la información de sus finanzas públicas y el acercamiento con la ciudadanía por medios electrónicos.

En cuestión de gobiernos eficientes y eficaces, la Ciudad de México se encuentra en la posición número 16, dos puntos arriba del promedio. Lo que refleja un distanciamiento entre las autoridades y la sociedad siendo que en promedio en los estados, 30.7% de los adultos del país interactuaron al menos en una ocasión con el gobierno por medios electrónicos.

Para alcanzar un mayor nivel de gobiernos eficientes y eficaces se recomienda:

Aprovechar el potencial de las herramientas electrónicas en los trámites a nivel estatal y municipal. El uso de plataformas electrónicas transaccionales permite que más ciudadanos estén informados de sus obligaciones y reduce los costos para las actividades que deban realizar con el gobierno. Se recomienda que estas herramientas se basen en los principios de Gobierno Abierto.

Antes de iniciar proyectos de inversión, especialmente los más grandes, los gobiernos deben asegurarse de la pertinencia de dichos proyectos. El análisis costo-beneficio social y privado debe tener un valor presente neto positivo, y no debe representar una erogación para las finanzas públicas de la entidad, que no tenga asociada