Introducción: Idea clave Dinámica de la Política Económica (PE):

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Por tradición y constitucionalmente (sin importar el gobierno de turno), la renta petrolera internacional tiene dos destinos: una porción de divisas, que se transforma en bolívares, se canaliza hacia al presupuesto nacional, bajo conducción del Ministerio de Finanzas. Otra, en divisas o en oro, alimenta las reservas internacionales, administradas por el BCV, ente autónomo encargado de poner dólares a disposición del público, sin más restricción que pagar su precio. La revolución altera este esquema. La renta circulará conforme a decisiones del Ejecutivo, de acuerdo a una acepción muy particular del término soberanía. El gobierno fijará las condiciones, sin ataduras determinadas a priori, pocas de las cuales coinciden con algún procedimiento aprobado constitucionalmente, o consagrados en ley.

La primera medida importante, decisiva de la PEB apunta hacia un desiderátum: el Presupuesto Nacional tradicional debe ampliar su base impositiva, “evasión cero”, de modo que, a mediano plazo, pueda financiarse sólo con tributos. El aporte petrolero quedará libre, a disposición del Ejecutivo, para alcanzar otros objetivos de la revolución.

La PEB despeja así una incógnita histórica, el destino de la renta. Este modo de “sembrar el petróleo”, estipula que la renta vaya hacia fondos especiales no incluidos en el Presupuesto; el remanente queda como reservas internacionales, en ese orden. Los fondos especiales manejados por el Ejecutivo, en ejercicio de su soberanía, habrán de convertirse en herramienta multipropósito: saldar la deuda social acumulada, organizar el poder popular, adquirir pertrechos militares, financiar cooperativas, fundos zamoranos, empresas de propiedad social, proyectos de inversión dentro y fuera del país, exportar la revolución, fomentar el deporte o la educación, impulsar pequeñas o grandes misiones, y/o otros fines por asignar o inventar pero, por sobre todo, arma estratégica para retener y expandir el poder político. En un proceso gradual, no exento de reformas, enmiendas y agregados, se conformará una estructura de gasto paralela al Presupuesto, con fondos crecientes, en dólares. Esta estructura contradice la sección económica de la CRBV, expresamente los artículos 314 y 321. A pesar de tal contravención, de reclamos y protestas, se imponen los nuevos arreglos apelando a leyes habilitantes, con la obsecuencia del TSJ y la Asamblea Nacional entre 2003 y 2012.

La “solución soberana” empezó discriminando administrativamente los ingresos petroleros en ordinarios y extraordinarios. Al hacerlo, aprovechando que la CRBV, salvo alusiones generales, no dispone qué hacer con ingresos extraordinarios, los calificó como “excedentes petroleros”, que podía movilizar el Presidente, libres de engorrosos controles y rendición de cuentas. Toda la administración pública se somete a un Presupuesto Anual (ley) sobre el cual se ejerce contraloría (Gobernaciones, Alcaldías, AN, Ministerios, Fiscalía, CNE, Poder Moral, TSJ, Universidades, etc.), a los que puede sancionar por mal manejo. El gasto público se expandirá a pasos agigantados de manera global como nunca antes. Este arreglo soberano dota de facultades excepcionales al Ejecutivo para imponerse sobre los demás poderes: además del presupuesto dispone de fondos especiales (en dólares y en bolívares). Mediante leyes habilitantes, la AN delega en el líder presidente la potestad de dictar leyes económicas. En un doble juego que se condiciona mutuamente, el líder político extiende su poder hasta el ámbito económico, y el poder económico adquirido permite expandir su fortaleza política, al convertirse de manera exclusiva en el repartidor de la renta petrolera. En ejercicio de “su soberanía” la figura presidencial impone el uso y destino de la renta, “sin contravenir la normativa”, pues el TSJ lo designa la AN.

El siguiente paso de la PEB consiste en establecer un límite anual a las reservas internacionales, que pone a disposición de la sociedad. Las reservas que estén por encima de un nivel considerado óptimo, reservas excedentarias, se traspasarán obligatoriamente a fondos especiales, sin pago alguno como contrapartida (confiscación). “Los criterios técnicos que el Ejecutivo y el BCV han usado para determinar el nivel óptimo se desconocen” (Vera y Zambrano, 2005). Cabe resaltar que, con la “solución soberana", un aumento del valor del barril no significa mayor disponibilidad de divisas para la sociedad, pero sí para el gobierno. Adicionalmente, somete a racionamiento la entrega de divisas, llamado de manera encubierta control de cambio. Se conceden autorizaciones de gasto en el extranjero, expedidas por una comisión presidencial ad hoc (CADIVI), encargada de establecer y verificar requisitos para importaciones, fijar cupos para asignación de dólares a viajeros, remesas y compras electrónicas. En adelante, nadie –distinto al gobierno- tendrá acceso a dólares en efectivo.

Como se mostrará más adelante, la PEB viene a ser una colección de controles y regulaciones a los agentes del mercado fijados por la autoridad política, que se multiplican en el tiempo. Acciones que cierran espacios a la inversión privada, que reserva para sí el gobierno, abriendo paso a la provisión gratuita o a precios subsidiados de bienes y servicios, cada vez más extensa. Mediante profusas providencias administrativas el Ejecutivo tendrá potestad de fijar precios y salarios, regular tasas de ganancias, establecer canales de distribución, tasas de interés bancarias y carteras obligatorias. El mercado, sentenciado a muerte en documentos de planificación y argumento central en discursos cotidianos, será reducido mediante expropiación y estatización de empresas privadas, teniendo como complemento la eliminación del latifundio. Alegando perseguir justicia social, los planificadores racionarán el consumo, tantos kilos por persona, tantos viajes al extranjero, evitando la desigualdad en el acceso a bienes y servicios. Cabe enfatizar que nada de esto podría hacerse sin una renta petrolera abundante.

Adelantando elementos que se explicitarán luego, puede aseverarse que en doce años transitando por el riel de los controles, el empeño en destruir el mercado exhibe logros parciales, algunos lamentables. Se ha configurado un espacio mercantil imperfecto, distorsionado, opaco, con información asimétrica, regulado, controlado y con múltiples desequilibrios que propician el contrabando de extracción, arbitraje (bachaqueo), especulación y corrupción. El modelo de reparto de la renta acusa serios e inocultables problemas. El modelo productivo socialista no ha podido implantarse, a pesar de la gigantesca inyección de recursos. La extinción de 200.000 cooperativas, creadas entre 2005 y 2008 y las pérdidas