REALIDAD COSTARRICENSE.

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Ya es necio decir que la cárcel no cumple con los supuestos fines que le son asignados por sus defensores: no readapta a los privados de libertad, no soluciona el conflicto social, no reinserta al exdelincuente, no brinda seguridad al ciudadano, las víctimas no ven resarcidas sus necesidades más allá de quien pretenda un venganza por el mal sufrido y no controla la delincuencia. Al final, se convierte en un fin en sí mismo y no en un medio efectivo para resolver los problemas de inseguridad ciudadana.

A esto debemos sumar un factor vital: la sobrepoblación carcelaria. Esta sobrepoblación, lejos de reducir la delincuencia, está creando una nueva generación de delincuentes con un mayor resentimiento social.

En el año 2013, en todo el país se dictaron 163 sentencias con internamiento directo a personas menores de edad, con sanciones de menos de un año hasta los 15 años. Como es de esperar en una sociedad tan desigual, el delito que más llevó a los jóvenes a la cárcel lo fueron los delitos contra la propiedad (más de 60% de los casos). Por su parte el juzgado de ejecución de las sanciones penales juveniles recibió 197 solicitudes de internamiento por incumplimiento de las sanciones alternativas impuestas, de las cuales resolvió 131, enviando con ello a 50 jóvenes a descontar varios años de cárcel.

CAUSAS Y SOLUCIONES.

Siendo así, podría ser que se está utilizando la sanción de internamiento de manera desmedida, y se están dejando de aplicar medidas alternativas que puedan cumplir con mucha mayor efectividad el fin socioeducativo o resocializador que la misma ley exige. O bien, las sanciones alternativas a la prisión se están imponiendo en condiciones de difícil o imposible cumplimiento para estos jóvenes, violentando la obligación de imponer sanciones que el menor de edad tenga capacidad de cumplir, además de que sean idóneas y racionales para él. Se debe entender que se está juzgando a una persona que, por su edad, no tiene la capacidad completa para entender las consecuencias de sus actos.

Igualmente, se debe analizar la capacidad del Ministerio de Justicia para proporcionar los medios necesarios para que los menores de edad que se encuentren recluidos tengan las herramientas necesarias que les permitan egresar del centro con un verdadero proyecto de vida, sin necesidad de cumplir con la sanción de internamiento completa y puedan continuar cumpliendo otras sanciones alternativas en libertad.

Como resultado, el centro juvenil Zurquí durante cerca de 15 años no pasó de tener más de 35 jóvenes internados, cumpliendo sanción o en detención provisional, no es sino hasta el año 2009 en que se da un salto cualitativo y el encarcelamiento con penas extensas se vuelve la normalidad, así de 37 internos en el 2009 pasó a 190 en el 2012,[6] lo que significa un aumento del 600 por ciento en 3 años, esto demuestra que algo pasó y debe establecerse con claridad la razón de este alto índice de encierro.

Ante esta realidad, se vuelve imprescindible determinar que nuevas circunstancias hacen que el encierro se vuelva necesario o si por el contrario responden a un abandono de los principios fundamentales de esta especialidad.

De un análisis de la estadística de causas ingresadas al Ministerio Público se puede determinar que en si la criminalidad, no ha aumentado en la misma proporción en que han crecido las condenas con altas penas, así, de 26 casos de homicidio simple que se atendieron en el año 2008 se pasó a 12 en el 2013.

Por su parte en el mismo plazo se pasa de 20 jóvenes detenidos en un mismo instante de manera provisional en el año 2008 a 60 en el 2012 , llegando en algún momento del año 2014 a sobrepasar los 75 casos de jóvenes en internamiento provisional, sobre 50 cumpliendo sanción.

La supuesta delincuencia juvenil que estaba haciendo explotar los niveles de inseguridad durante muchos años se vio inflada por varios elementos que son dignos de mencionar: las denuncias interpuestas por medio de partes policiales, llegaron a su pico más alto en el año 2011 en donde se establecieron 16508 denuncias. De estas, cerca de 5000 correspondían a portaciones de droga para el consumo personal, hecho que no es delito, pero que hacía ver que la policía estaba actuando, sin embargo, a nivel de los medios de comunicación y por ende de la población se estaba dando un fenómeno que afectaba de manera directa la seguridad del país.

Tampoco se toma en cuenta al momento de hacer esta “medición” de inseguridad, que las cifras brindadas para adultos implican la comisión de delitos en forma exclusiva, mientras que cualquier cifra que determine los casos entrados en las fiscalías penales juveniles incluyen a las contravenciones que representan la nada despreciable cifra del 30 por ciento del total de denuncias ingresadas a los despachos judiciales.

Este hecho motivó a la comisión legislativa de seguridad a impulsar un proyecto de ley que permitiera aumentar la cantidad de años de cárcel y a la vez disminuir la edad con la intención de que los jóvenes de 16 años respondieran por sus actos como adultos. Esta acción se vio anulada, debido a que se logró demostrar que el núcleo duro de la criminalidad juvenil no alcanzaba ni el 3% de la criminalidad general, tanto en delitos graves como homicidios o delitos contra la propiedad.

Una vez corregida la situación, la policía siguió acusando solo delitos o contravenciones y los niveles de denuncia volvieron a sus dígitos normales e incluso han venido en descenso hasta alcanzar en el 2014 solo 7527 casos, con una reducción aproximada de un 15% anual en la cantidad de denuncias interpuestas, mientras tanto la delincuencia de adultos muestra una población de 200000 causas para el mismo año. [7]

Como se observa la delincuencia de adultos pasa de 123000 causas en el 2011 a 200 mil causas en el 2014, con un aumento de casi el 100 por ciento en 4 años.

Si ese es el panorama actual de la delincuencia juvenil, no se comprendería porqué es precisamente en este momento en que se encuentran los centros de detención con mayores índices de sobrepoblación.

HACINAMIENTO, INTERNAMIENTO PROVISIONAL Y SANCIONES IMPUESTAS.

Para finales del año 2012 se encontraban encarcelados 213 jóvenes, de los cuales 106 lo eran como indiciados, es decir, un 50 por ciento, cifra sumamente alta y nunca antes vista en nuestra historia judicial.

A nivel nacional siempre ha preocupado el dato de que cerca del 25 por ciento de las personas recluidas en un centro carcelario de adultos ostenten la calidad de indiciados, por cuanto además