“Responsabilidad Patrimonial del Estado en casos procesales de manera ilegal”.

...

JUSTIFICACION

Podemos mencionar como garantía individual, el derecho a ser indemnizados a quienes sufran una lesión en sus bienes y derechos, que sea consecuencia de la actividad del Estado. No se omite mencionar al respeto que se pensó en esta propuesta, que si bien el sujeto activo de la relación obligacional del Estado, es decir quienes gozan del derecho de exigir una prestación a consecuencia de una lesión antijurídica, son naturalmente los particulares, es preferible hablar en abstracto de “Todo aquel que sufra una lesión…”, ya que dicha garantía podría alcanzar no únicamente a los individuos o personas, incluso a servidores públicos, asimismo eventualmente a otras entidades de la propia administración pública, cuando servidores públicos les ocasionen un daño patrimonial.

La garantía en favor de todo aquel que sufra una lesión en sus bienes y derechos, se refiere a todas las que sean producidas por la actividad del Estado, es decir, las que sean consecuencia de la actividad administrativa, judicial y legislativa del Estado, toda vez que la responsabilidad patrimonial del Estado no se agota con su actividad administrativa, aún cuando sea ésta la que mayor protección requiere en razón de ser la de mayor incidencia lesiva.

Por lo anterior, podemos mencionar que todo aquel que sufra una lesión en sus bienes y derechos con motivo de la actividad del Estado tiene que tener derecho a ser indemnizado en forma proporcional y equitativa.

Se señala que algunos aspectos más importantes de que se lleve a cabo esta garantía constitucional a nivel federal, la cual constituye un trascendente avance de nuestro orden jurídico que dota a los administrados de un nuevo medio de defensa frente a la administración pública.

Lo anterior basado en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:

Articulo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinaran sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

La responsabilidad del estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

Sin embargo, en el Sistema de Administración de Justicia Penal que extiende los derechos y garantías del debido proceso al inculpado, no obstante a ello en diversas ocasiones a la persona que se le atribuye su participación en un delito, desde el periodo de investigación se le está tratando como culpable, y es consignado ante la Autoridad Jurisdiccional, con una Averiguación Previa mal integrada, continuando con un proceso penal largo y oneroso, que al final en muchas ocasiones dicho inculpado por un periodo largo fue privado de su libertad sin ser culpable, esto debido al erro del Estado, y no es indemnizado como lo establecido en el artículo constitucional señalado.

De ahí la propuesta que se finque una responsabilidad patrimonial al Estado en los procesos ilegales, para que las personas que sufrieron dicha lesión sean indemnizadas en forma proporcional y equitativa como lo marcan las leyes.

OBJETIVOS

Objetivos Generales

1.- Realizar un estudio descriptivo de las circunstancias que determinan el incremento de aquellas personas que son privadas de la libertad por un error judicial.

2.- Analizar a través de un estudio descriptivo las circunstancias que determinan la responsabilidad estatal y que resulte comprometida por el error jurisdiccional.

3.- Analizar una acción indemnizatoria en contra de estado a favor de quien ha sido privado injustamente de la libertad, cuando sea exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente por que el hecho no existió, el inculpado no lo cometió, o la conducta no constituya el hecho punible.

Objetivos específicos.

- Desarrollar una técnica de observación en los órganos jurisdiccionales de aquellos sujetos que son privados de su libertad injustamente por un error judicial en un lapso de 3 meses.

- Representar el nivel de eventualidad que presenta los errores jurisdiccionales con respecto a aquellos sujetos que son privados de su libertad injustamente en dicho periodo.

- Realizar un documento que determine las principales causales que inciden en la comisión del error jurisdiccional.

- Planificar una destreza de indagación con las autoridades jurisdiccionales respecto de aquellas que han cometido un error judicial y que haya tenido como consecuencia la privación de libertad de algún sujeto de manera ilegal.

- Describir el nivel de circunstancias que determinan la responsabilidad del Estado por un error judicial.

- Realizar un documento mediante el cual se especifique las causas principales que inciden en el error jurisdiccional de los hechos en que diversos sujetos son privados de su libertad injustamente.

- Determinar un procedimiento que determine que el actor tiene derecho a reclamar del Estado una indemnización por los perjuicios sufridos por la privación de la libertad de manera injusta por un error jurisdiccional.

- Realizar un escrito mediante el cual se determine que la comprobación de la inexistencia de un hecho punible y que aquella persona privada de su libertad de manera injusta pueda reclamar una indemnización al Estado por el error jurisdiccional cometido.

- Documentar los casos de aquellas personas privadas de su libertad injustamente por el error jurisdiccional y que son acreedoras a una indemnización por parte del Estado.

Hipótesis