SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MOROSIDAD ADQUIRIDA POR PARTE DE LOS ENTES PÚBLICOS NACIONALES CON EL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS).

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Descriptores: Seguro Social, Administración Pública, Morosidad de Entes Públicos Nacionales, Garantías Constitucionales, Derecho a la Seguridad Social.

INTRODUCCIÓN

La seguridad social es un beneficio que se logra en Venezuela, a partir de lo estipulado en el artículo 86 en la carta magna y representa un reconocimiento a los años de servicio que pueda prestar un funcionario público de carrera en cualquiera de las áreas requeridas por la administración del estado. Sin embargo, existen dudas acerca del funcionamiento del sistema de seguridad social, ya que de acuerdo al trabajo del Programa Venezolano en Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea, 2014), que la cobertura del IVSS continuó siendo limitada pues, para el primer semestre de 2002, con un total de 2.273.636 personas afiliadas, no alcanzó a cubrir al 50% de la población ocupada. La cobertura para el conjunto de la población económicamente activa (PEA) alcanza a sólo 21% de la misma.

Para el 2014, se debe decir que la misma organización mencionada (Provea), ha destacado en la serie de recomendaciones a las instituciones que conforman el gobierno nacional, que se realizara una fiscalización de los entes públicos por parte del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), ya que según este informe, existe una alta morosidad con este último por parte de las instituciones públicas.

Esto, representaría no sólo un flagelo al artículo 86 del fundamento constitucional, sino que además se estarían incurriendo en irregularidades a los principios de corresponsabilidad y transparencia en el manejo de recursos públicos que se determinan en el aspecto doctrinario nacional, todo porque la administración pública debe llevar un comportamiento ejemplar para ser un fundamento moral para que sus instituciones interpelen a las que componen al sector privado, por lo tanto, de existir una morosidad de las instituciones públicas con e IVSS, deben generarse las acciones pertinentes en el orden de solventar dicha problemática.

Por todo lo anterior y para lograr este fin, la autora estructuró el trabajo de grado de la siguiente manera:

El Capítulo introductorio presenta la descripción del problema así como formulación del problema, los objetivos, tanto generales como específicos para el alcance de las metas planteadas, los fundamentos teóricos y jurídicos que brindaron sustento a la presente investigación.

El capítulo de ejecución estuvo referido al marco metodológico que comprendió el tipo y diseño de la investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, técnicas de análisis de datos como también de los procedimientos metodológicos que fueron ejecutadas para el desarrollo asertivo de la investigación.

El capítulo de resultados y discusión estuvo estructurado primeramente por el análisis y discusión de los resultados luego de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. Seguidamente se encuentran las conclusiones que arrojó el estudio así como las recomendaciones que la autora de la presente investigación le hace a los principales elementos que intervienen en el desarrollo de la problemática planteada. Finalmente están las referencias bibliográficas consultadas para el desarrollo de la presente investigación.

CAPITULO INTRODUCTORIO

Descripción del problema

Uno de los derechos a los cuales el trabajador tiene acceso es al de la seguridad social. Es decir entonces, que el mismo es entendido según Rojas (2013) como “un campo de bienestar relacionado con la protección o cobertura de las necesidades sociales y constitucionalmente reconocidas, como lo son la pobreza, la vejez, la enfermedad, las discapacidades, el desempleo, entre otras”. Éstas; se coordinan a menudo con otros mecanismos de seguridad social como programas de pensiones, de subsidio al desempleo y de compensaciones laborales para así lograr mayor impacto en la población atendida.

En relación a esto, se debe decir que en Venezuela desde el precepto constitucional, existe el derecho a la seguridad social, específicamente en el artículo 86 donde entre otras cosas, se destaca que toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure la protección en contingencias de maternidad, paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida familiar y cualquier otra previsión social.

Al mismo tiempo, dentro de la carta magna se asegura que es el Estado quien tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas e indirectas es decir que la ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. Esto significa entonces, que está de manera muy clara que la seguridad social comprende desde las amas de casa, los pensionados, hasta los trabajadores de empresas privadas y públicas, se les asegura ese derecho y por lo tanto, cualquier violación o flagelo a este pudiera ser un hecho punible significativo para quien omita sus responsabilidades como patrono o corresponsable cuando la persona no tiene empleo.

Asimismo, dentro de la revisión documental realizada de manera preliminar por parte de la investigadora, se debe decir que en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (LOSS), específicamente en el artículo 5, ésta se define como el conjunto integrado de sistema y regímenes prestacionales, complementarios entre sí e interdependiente, destinado a atender las contingencias objeto de la protección de dicho sistema. Al respecto, autores como Rojas (2013) coincide en que el Estado tiene un papel protagónico y llega a mencionar que este derecho es visto desde el punto de vista del derecho humano y social e irrenunciable.

Por ello, cuando se indagó en más información acerca de los deberes y derechos que tienen los patronos a nivel privado y público, se debe decir que éstos son los responsables de que en conjunto con el Estado, se garanticen los derechos de sus trabajadores y en este caso específico su seguridad social, razón por la cual dentro del último informe de la institución dedicada a la seguridad social de los venezolanos, se pudo denotar un incremento significativo del número de empresas sancionadas debido a que tienen morosidad