Administracion de justicia.

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La percepción general que se tiene es que la Justicia en Venezuela solo funciona cuando se trata de perseguir a personas, medios u organizaciones que ante la ideología del gobierno son consideradas como enemigos de carácter político, con juicios y sentencias que carecen de fundamento alguno y donde al igual que en el antiguo derecho soviético no se respeta la más mínima condición o derecho humano. Esto contradice de manera descarada lo establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana De Venezuela del año 1999 que reza de manera textual lo siguiente: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles”.

El solo hecho de que en Venezuela tengamos una cifra tan vergonzosa del 94% de impunidad nos demuestra que el gobierno viola la constitución, y no solo eso sino que en estos años no ha hecho nada para que esta situación cese, los derechos humanos son violentados de manera continua, la administración de justicia resulta totalmente ineficiente y corrompida y la ciudadanía lamentablemente tiene que sufrir ante tal situación en donde sus demandas no son escuchada o lo que es peor son acalladas.

Luis Carlos Díaz es un joven periodista egresado de la UCAB que trabaja para el centro Gumilla y PROVEA, se ha especializado en temas relacionados con el mundo digital, las redes sociales y el internet, en su labor activa de periodista ha denunciado constantemente la situación de violencia e impunidad utilizando como plataformas los medios digitales, blogs y twitter; esto ha traído como consecuencia que haya sido amenazado de muerte por Colectivos y Grupos armados afines al chavismo. La ciudadanía que se atreve a revelar información que al gobierno le incomoda y lo hace de manera seria e investigativa es perseguida y apabullada.

Tal vez los casos más sonados en el mundo del proceder parcializado y corrompido de la justicia en Venezuela sea el de los perseguidos políticos, lamentablemente Cuba y Venezuela son los dos únicos países de América Latina que poseen lo que ya internacionalmente son conocidos como presos y perseguidos políticamente, el gobierno ha negado tal acusación argumentado la falacia de que no son presos políticos sino “políticos presos”, lo cierto es que en una nación libre y democrática no hay cabida para que una persona sea cual sea su posición política sea privada de libertad. La cantidad de presos políticos en Venezuela según PROVEA, Amnistía Internacional, CIDH, Foro Penal, entre otras organizaciones son de un aproximado de 98. Los más conocidos son Leopoldo López, Antonio Ledezma, Iván Simonovis, Lorent Saleh, entre otros.

Aunque los casos más sonados son referidos a ciudadanos y políticos conocidos ya en todo el mundo, no solo estos sufren la consecuencias de tener un sistema corrompido, sino que al ciudadano común día a día le son violentados sus derechos y lamentablemente su voz de sufrimiento e injusticia es ignorada o simplemente lo que es peor la terrible situación del país es visto ya como algo normal, donde no hay que exigir pues el ciudadano ignorante de sus derechos cree que es normal tener que vivir en un país como el que nos encontramos hoy en día.

Al leer el artículo 26 y compararlo con la realidad uno puede intuir que el gobierno o ignora total y rotundamente lo establecido en la carta magna o simplemente para ellos la constitución no representa más que un chiste. Si hacemos una disección de cada uno de los adjetivos que establece la constitución de cómo debería ser la justicia y como debería ser aplicada nos encontramos ante un fracaso no solo del gobierno sino de la ciudadanía que de alguna manera no ha sabido exigir los que son sus derechos.