El caso CODELCO

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Hubo dos enfoques entre quienes plantearon la necesidad de aumentar la participación en la industria del cobre: ​​la chilenización, que indicó que el estado debería tomar el 50.1% de la propiedad, y la nacionalización, que abogó por una completa estatización. La discusión tomó el poder bajo el presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970). El fuerte aumento en los precios del cobre durante la década de 1960 aumentó los márgenes de ganancia en la industria. En este nuevo escenario, el esquema de impuestos resultó desventajoso para Chile intereses. Por lo tanto, se generó un ambiente favorable y esto llevó a la adopción de la Ley 16.425 de "Chilenización del Cobre", resultando que el Estado podría controlar el 51% de los sitios más importantes en el país (Correa et al., 2001).

El Estado con participación en la economía no era nuevo en Chile (ver Guajardo, 2016). De hecho, la historia temprana de las empresas estatales en el Chile independiente data de la segunda mitad del siglo XIX, un período en el que el Estado tuvo que hacerse cargo de los proyectos ferroviarios abandonado por el sector privado (ver Crowther, 1973; Allende, 2001; Guajardo, 2007) Además, esta decisión sobre el cobre llega en un momento en que Chile desarrolló una estrategia de sustitución de importaciones, que tuvo el caso paradigmático de la creación de la Corporación de Desarrollo y Producción (CORFO) en 1939 (ver Ortega, et al, 1989; Correa et al., 2001; Ibáñez, 2003; Silva, 2008). CORFO se creó después del terremoto de la ciudad de Chillan de ese año y se dio cuenta de la versión chilena de ISI (Sustitución de importaciones) Industrialización). La corporación fue pensada como una agencia pública responsable de establecer planes de desarrollo económico, actuar como emprendedor y proporcionar subsidios al sector privado (Fermandois, 2005).

El foco de la chilenización del cobre, promovido por el presidente Frei Montalva, será reemplazado por la nacionalización. En septiembre de 1970, Salvador Allende (1970-1973) ganó el Presidencia de la República, teniendo lugar el 4 de noviembre. El programa económico de Allende contenía entre sus medidas para avanzar hacia el control total de la industria del cobre. Eso fue materializado con la promulgación en 1971 de la ley 17.450 (ver, por ejemplo, Correa et al. 2001). Allende también instó a un mayor control estatal en toda la economía. Para hacer esto, él avanzado en la creación de un área social en la economía: un grupo de empresas, que eran privados hasta ese momento, fueron transferidos al Estado (Ortega, et al, 1989). Este proceso materializado en la fabricación de empresas de facto por parte de los trabajadores, que alcanzó una tasa tal que el 70% de la propiedad industrial cayó en el sector social (Arellano, 1984: 44). Sin embargo, el área social y la compañía estatal como un actor económico significativo tuvieron un final con el golpe llevado a cabo por los militares para derrocar a Salvador Allende. La dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) introdujo lo que Manuel Gárate (2010) ha llamada una "revolución capitalista", caracterizada por la implementación de un neoliberal modelo económico, con participación mínima del estado en la provisión de servicios sociales, y un legislación pro empresarial que, entre otras cosas, ha inhibido el desarrollo de factores relevantes como los sindicatos de trabajadores (Frank, 2000).

En el ámbito de las empresas del Estado, una primera medida tomada por Pinochet y los Chicago Boys (una

grupo de economistas monetaristas formados en la Universidad de Chicago), iba a regresar para el sector privado las empresas que pasaron al área social. Esta primera etapa también incluido, entre otras cosas, la creación de un sistema privado de pensiones (dominado por Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP) (Saez, 1996). Entre 1985 y 1988 una segunda ola de las privatizaciones se desarrolló siendo muy controvertido porque varias personas a cargo de desarrollar el proceso terminaron siendo los propietarios de estas empresas (Monckeberg, 2001). En el paquete había empresas creadas bajo los aleros de CORFO, que funciones cumplidas de prestación de servicios públicos (Empresa de Teléfonos de Chile, CTC: La aerolínea nacional, LAN Chile, la Compañía Nacional de Telecomunicaciones, ENTEL, la Compañía Chilena de Electricidad, Chilectra) y producción de insumos para la industria (ENDESA, CAP y Sociedad Minera y Minera de Chile, SOQUIMICH). Banco Estado (Chile State Bank) y ENAP (National Company of Petrol) continuaron en manos del estado, siendo consideradas empresas estratégicas (Gárate, 2010).

En términos de cobre, la dictadura tenía una agenda que se movió en varias direcciones. Por un lado, en 1976, a través de los actos 1.939 y 1.940, una institucionalidad capaz de administrar y explotar los depósitos nacionalizados en la época de Salvador Allende fue establecido. Esto a través de la creación de National Copper Corporation (CODELCO) como una empresa estatal con personalidad jurídica y sus propios activos (CODELCO, 2015). Desde su creación, la empresa se concibió como una empresa estatal que tiene como objetivo generar recursos para el tesoro (ver Camacho, 2010; Barría, 2015). Los militares también se asociaron su destino para la empresa al reformar la ley 13.196 en 1975 a través del Decreto Ley 984, reglas de naturaleza confidencial que establecen que el 10% de las ventas brutas de CODELCO deberían ir a las Fuerzas Armadas.

Por otro lado, se avanzó en el desarrollo de una agenda que estaba destinada a permitir inversión extranjera en general, y particularmente en la industria minera. En el primer punto, en 1974 se emitió un marco regulatorio general (Decreto Ley 600). En 1981, un Organic Se aprobó la Ley de Concesiones Mineras que comienza a tener un efecto de atracción de inversión a fines de esa década. Entre 1985 y 1989, la inversión alcanzó los US $ 6 mil millones (Nazer, 2004: 8-10).

En la década de 1990, bajo los gobiernos de Concertación, una coalición de centro izquierda que reemplazó Pinochet, se llevó a cabo una tercera ola de privatizaciones, que abarca compañías de agua en manos del estado y Empresa Portuaria de Chile (Compañía Portuaria de Chile), dividida en diez empresas, siete

de los cuales otorgó la gestión portuaria al sector privado. En lugar de promover el desarrollo de la SOE, lo que ha prevalecido es la concepción de un Estado Subsidiario, caracterizado por el papel dominante de los actores privados en la satisfacción de las necesidades sociales (ver, por ejemplo, Bravo Lira, 1995). La industria del cobre ha crecido gracias a la aparición de campos operados por empresas internacionales.