Negocio redondo.

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2.6 Invasión y corrupción[8]

Si nos preguntamos, por qué el estado no hace nada para frenar esta ola de invasiones y negociados, recibiremos las mismas pueriles excusas que los políticos frecuentan manifestar; pero lo cierto es que nadie hace nada en el Ejecutivo ni en el Municipio, porque no les conviene (Gonzales, 2004:81); es mejor recibir jugosas coimas de las que no tienen que dar cuenta a nadie ni pagar impuesto alguno; que tomar parte directamente en el asunto, vender y dar cuenta del dinero recaudado; ese es el verdadero problema: la corrupción, de la que obtienen enormes ganancias no solo las autoridades políticas, policiales, judiciales, ejecutivas, municipales, sino también los dirigentes, los invasores e incluso los compradores de terrenos invadidos, que prefieren de seguro pagar menos por un terreno invadido que uno legal y titulado, al fin de cuentas, el asunto es tener un espacio de territorio, sea para residir o para también volver a venderlo.

3. EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Entre las alternativas que para hacer frente a este grave problema se plantearon en el pasado, tenemos tres, entre las principales: primero, que el Estado asuma un rol urbanizador y vendedor de los terrenos que no tienen propietarios naturales; luego que el Municipio sea el encargado de urbanizar y velar por la ocupación de dichas zonas; otra opción, planteaba la invasión, pero que beneficiara solamente a quienes no tuvieran dónde vivir; otra alternativa era que el estado privatizara todas las tierras no habitadas y las empresas inmobiliarias se hicieran cargo de la lotización y venta de los inmuebles.

3.1 Un Estado indiferente

La primera medida nunca se dio, a no ser en aquellos terrenos en los que se encontraron yacimientos de minerales, de petróleo, de riqueza biológica, de flora y fauna endémica o testimonios culturales (Carrillo, 1999:76); como que el estado también prefiere aquellos terrenos que reportan ingentes cantidades de ganancia rápida para el enriquecimiento de los gobernantes de turno, como es el caso de las áreas de minería concedidas con total rapidez y sin el menor titubeo a mineras extranjeras, tal como podemos observar en todo el territorio nacional, desde Cuajone y Toquepala en Tacna, hasta Conga en Cajamarca, pasando por toda la costa y la sierra del Perú.

3.2 Municipios comodines

La segunda opción, que propone la tarea urbanizadora a los municipios, tampoco se dio; ningún municipio ejerció dicha labor abierta y cabalmente; lo que los municipios hicieron fue reconocer la ocupación de las áreas invadidas, otorgando los correspondientes recibos de Autoavalúo y de Limpieza Pública[9] a nombre de los invasores, quienes podían utilizar dichos recibos como aval de posesión legítima de los inmuebles ocupados. Por qué no hicieron nada los municipios, en principio porque no existe el respaldo legal suficiente; y en segundo lugar, también porque el asunto de las invasiones es fuente de dinero proveniente de las coimas y fuente de votos para próximas elecciones (Gonzales, 2004:69).

3.3 Invasores traficantes

La tercera opción es que la que se produjo, aunque de manera irregular, ilegítima, ya que los invasores no fueron quienes no tuvieran propiedades inmuebles, sino quienes teniendo terrenos inclusive titulados, disponían del tiempo suficiente para dedicarse a este trabajo ilegal, de ocupar por la fuerza, expropiar, si es posible asesinar, como se produjo en los terrenos ocupados en las márgenes de la nueva carretera a La Joya, pagar puntualmente las coimas a todas las autoridades municipales, judiciales, policiales y del Ejecutivo, vender, volver a expropiar y revender cuantas veces quieran los terrenos que habían invadido[10].

3.4 Inmobiliarias millonarias

La última medida, la de vender las áreas no habitadas a entidades privadas inmobiliarias, es la que en estos momentos el Estado viene realizando, liberándose de la responsabilidad de recuperar terrenos invadidos o de lotizar y urbanizar las áreas aún no invadidas. Las inmobiliarias a la actualidad han comprado prácticamente todo lo que no ha sido ocupado por los invasores, inclusive terrenos ubicados en zonas muy alejadas. Quién se enriquecen de este tráfico de tierras de las que todos deberíamos ser beneficiarios, los únicos que mediante este último método vienen prosperando son las grandes inmobiliarias que pudieron pagar en efectivo el dinero que el Estado pidió, y las autoridades de turno, que no tendrán que rendir cuentas con transparencia de todo lo que recibieron por la privatización de las áreas no urbanizadas; mientras tanto, el resto de peruanos, muchos de ellos, que no tienen propiedades inmuebles, que incluso viven alquilados, tendrán que pagar los precios que a las inmobiliarias se les antoje, para comprar un terrenito de 110 metros cuadrados lejos de la ciudad por más de cincuenta mil soles, o comprarlos de los invasores a cuarenta mil; o en todo caso, tendrán que convertirse en invasores también, para obtenerlo gratis[11].

4. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

4.1 Transparencia y legitimidad

Creemos que ninguna de las medidas anteriormente señaladas debería aplicarse ni validarse, debido a la corrupción reinante. Lo que debería ejecutarse es la licitación pública de todas las áreas cuyos posesionarios no fueran propietarios legítimos así como las zonas no urbanizadas, de tal manera que cada poblador peruano, tenga que pagar para ocupar cada metro cuadrado del territorio de todos, la mínima suma que le corresponda; con el fin de que no solamente este proceso revierta enormes dividendos para el estado, y que pueda emplearlos en proyectos de desarrollo, sino que también los precios de los inmuebles no fueran tan elevados como en la actualidad (Gálvez, 1998:48). Para que este proceso se realice con transparencia y justicia, es necesario lógicamente una legislación clara y pertinente, para evitar inclusive el crecimiento desordenado y caótico de los cascos urbanos de las grandes ciudades, combatir la corrupción y tráfico de tierras del Estado, evitar las invasiones, fomentar una cultura cívica y jurídica[12] en los ciudadanos, como también evitar desenlaces fatales como los enfrentamientos entre invasores, que han acarreado muchas pérdidas de vidas humanas y daños a la propiedad.

4.2 Generación de riqueza

El hecho de que el Estado asuma la posesión de dichas tierras, generaría ingresos por encima