Análisis de caso criminal

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DECISION DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA:

El Tribunal de Primera Instancia De San Juan, dejó sin efecto una sentencia condenatoria por una infracción menor a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico dictada tras una alegación de culpabilidad.

DECISION DEL TRIBUNAL DE CIRCUITO DE APELACIONES:

El Tribunal de Circuito de Apelaciones (Circuito Regional I), revocó la resolución emitida para luego llegar al Tribunal Supremo.

CONTROVERSIA:

La defensa indica que su cliente al declararse culpable de ese delito menos grave y ser aceptada no podía ser revocada, ya que era una sentencia final y firme. Por tal motivo de acuerdo a la defensa en una “movida astuta”, al ser procesado por ese delito, no procederían los otros, por que exponen a su cliente a una doble exposición.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO:

Se revoca la actuación del Tribunal de Circuito de Apelaciones, en el presente caso, y se devuelven los autos al Tribunal de Primera Instancia para que continúen los procedimientos.

FUNDAMENTOS:

La defensa del acusado, previo a someter la alegación de culpabilidad por la infracción de tránsito, debió informarle al tribunal que el día anterior se habían presentado en contra del acusado nuevos cargos a base de los mismos hechos y que se había determinado causa probable para el arresto en cuanto a éstos. Al así no hacerlo, indujo al tribunal a error y permitió que el mismo emitiera una sentencia sin tener conocimiento de todos los elementos necesarios para emitir una decisión informada. Incluso, ocasionó que, posteriormente, cuando el tribunal advino en conocimiento de lo ocurrido, procediera a dejar sin efecto la referida sentencia. Ahora no puede la defensa del acusado quejarse de una situación que ella misma creó.

Uno de los casos tomados para emitir la opinión y tuvo gran relevancia, fue el caso de People v. Hartfield, 90 Cal.Rptr. 274 (Cal.App., 1970) en donde el acusado, estando pendiente la vista del caso por el delito grave en el tribunal superior, compareció al tribunal municipal e hizo una alegación de culpabilidad por el delito menor de conducir temerariamente (“reckless driving”). El tribunal resolvió, al amparo de la Sección 654 del Código Penal de California, de donde proviene el Artículo 63 de nuestro Código Penal que en vista de que el acusado había incurrido en fraude tratando de impedir el procesamiento por el delito mayor, no estaba protegido contra la doble exposición.

COMENTARIOS:

Entiendo que este caso expuso en total claridad que el tribunal no es una batalla entre gladiadores de defensa vs el ministerio público, si no, que su base primordial es buscar la verdad más allá de duda razonable. Definitivamente tanto la defensa como el ministerio público deben informar este tipo de situación en su totalidad para evitar algún tipo de movimiento que puede ser catalogado como fraudulento. En definitiva el abogado defensor a sabiendas violó los cánones de ética de su profesión, por lo que no descarto que el miso pudo haber sido investigado y desaforado.