El caso de los nule

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Este análisis es de gran relevancia y vigencia en un momento en el que la Administración Pública se encuentra cuestionada por constantes casos de corrupción; a diario se conoce que las finanzas públicas se ven envueltas por la malversación o desvío de fondos, llevando a que se pierdan sus principios y no logre sus objetivos, ni consiga los resultados requeridos para el cumplimiento de su misión.

Este caso permite verificar el entorno de un problema complejo de nuestra sociedad en todas sus manifestaciones, desde el interior de las Entidades involucradas, así como en los entes de control, y que afecta a su gran mayoría, no solamente en la parte económica por el tema de impuestos mal invertidos y el pobre seguimiento de la inversión, sino que adicionalmente frena el progreso de un país como el nuestro, en vía de desarrollo en donde las inversiones de tipo social son fundamentales para el crecimiento y desarrollo social, económico y político, así como su integración con el mundo.

El rol ejercido por la Auditoría General a las Contralorías, se enfoca más a la verificación de sus estados contables y de inversión en la gestión, que a su efectividad en el control fiscal de los asuntos estatales.

A su vez, las Contralorías dentro de sus funciones de control posterior y selectivo, a pesar de lo establecido en la Constitución Política, han implementado un control de advertencia que les permite realizar un seguimiento a la ejecución presupuestal en el mismo momento en que se desarrolla y de esta manera detectar y encauzar las anomalías evidenciadas, permitiendo controlar de alguna manera la malversación de recursos. Así mismo, una vez finalizadas las inversiones objeto de seguimiento, dentro del control posterior inician nuevamente la revisión de la inversión y en caso de detectar anomalías, se inician los procesos fiscales que pretenden en cierta forma recuperar parte de los recursos malversados, pero que históricamente en la mayoría de los casos no prospera.

La Contratación pública en Colombia a partir del año 1993 se ha regido por la Ley 80 de 1993, “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”, reforma que pretendía hacerla más eficiente y eficaz, asimilándola a las reglas del derecho privado con el propósito de hacer más ágil su proceso.

Cada entidad pública es autónoma en la elaboración de los pliegos de condiciones y términos de referencia, de acuerdo a sus necesidades en la contratación de bienes y servicios, se permite ajustar las condiciones de oferta para de esta manera obtener el mejor producto.

Realizando un análisis a esta situación, se ve claramente que quienes permitieron este tipo de evolución fueron las mismas entidades en manos de funcionarios nombrados por los partidos políticos, quienes manipularon las reglas de la contratación, adjudicando contratos millonarios como los que se ven hoy en día, a un mercado cerrado por el cumplimiento de condiciones técnicas y financieras, en especial a empresas de papel con gran capacidad financiera, pero que a la hora de la verdad no cuentan con el suficiente respaldo para la ejecución de las obras, conllevando a pérdidas millonarias de los recursos públicos

Finalmente, se resalta la poca efectividad de la Contraloría como Ente de Control Fiscal frente al caso del Carrusel de la Contratación cuyo representante se vio involucrado por su participación en dicho escándalo y que a pesar de haber ejercido un control previo y acompañamiento en el proceso, no tomo las medidas preventivas para evitar todos los inconvenientes presentados.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.

- http://www.bdigital.unal.edu.co/11339/1/940744.2013.pdf

- http://www.eltiempo.com/Multimedia/infografia/nule/

- https://es.wikipedia.org/wiki/Carrusel_de_la_contrataci%C3%B3n