Investigación programa ENVION

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La reforma educativa fue impulsada desde los organismos internacionales, entre ellos, el Banco Mundial, FMI, el BID, CEPAL y Unesco. Los ejes sobre los que se llevó adelante en la Argentina fueron: el acceso igualitario a la enseñanza primaria de buena calidad, la descentralización de la educación secundaria, la recuperación de la pertinencia de la educación superior y la asignación del financiamiento de acuerdo con criterios de equidad y de eficiencia en función de costos sociales.

Otra de las características de este modelo neoliberal fue el rol protagónico que se le dio al mercado, introduciendo su lógica al plano educativo, con la consecuente privatización en aumento del servicio educativo y, ocupando el Estado un rol subsidiario. Éste debe garantizar la libertad de elección de los padres y brindar apoyo, únicamente, a los sectores que no pueden pagar educación en el mercado. El derecho a la educación, en este caso,es concebido como un derecho individual. (Feldfeber, 2010).

En el marco de la crisis del modelo neoliberal surge, en América Latina un nuevo ciclo donde el rol del Estado comenzó a adquirir una nueva entidad. En este contexto, Twaites Rey dirá que los sectores populares fueron los actores centrales en la búsqueda de la emancipación. Se produce una crisis de representación política y el ascenso de los movimientos sociales. A partir del año 2000, surgen nuevos gobiernos llamados pos neoliberales, siendo en Argentina electo el presidente Néstor Kirchner (2003). (Thwaites Rey, 2010).

En el terreno educativo surgen nuevas leyes de educación en las cuales el rol del Estado pasa a ocupar un rol principal respecto de la responsabilidad por la educación, y, específicamente en Argentina en cuanto al financiamiento y el desarrollo de la política educativa. Según Saforcada y Vassiliades, a esto se lo problematiza con otras posiciones, que, a la vez, lo aproximan a un rol subsidiario, por ejemplo, el aporte de las instituciones privadas para brindar servicios de calidad educativa. (Saforcada y Vassilidades, 2011).

Políticas Educativas e Inclusión Social

En el año 2003, con la asunción al gobierno de Néstor Kirchner, se impulsan cambios en la normativa educacional que se pretende superadora de la etapa anterior. En el año 2006 se realizó la convocatoria al debate del Proyecto de Ley de Educación Nacional derogando la Ley Federal de Educación de 1993, la misma se realizó afirmando que “…la educación es la política pública por excelencia para promover una sociedad más justa e integrada. Una educación pública, universal y de alta calidad para todos puede ser uno de los factores determinantes de la posibilidad de revertir los procesos de fragmentación y desigualdad social que se profundizaron en las últimas décadas.” (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, 2006)

La Ley de Educación Nacional 26.206 es aprobada en ese mismo año. A continuación, se destacan algunos aspectos que consideramos centrales, en relación con la inclusión educativa.

Uno de los puntos relevantes es la conceptualización de la educación como bien público y como derecho social situando la centralidad del Estado como garante del derecho a la educación. Uno de los aspectos centrales promovidos por la legislación vigente es la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Desde este enfoque, cualquier política pública, programa o intervención cuyo fin sea la promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, debe tener un abordaje multidimensional, es decir, debe intervenir en los diversos aspectos y derechos de un modo conjunto, simultáneo y articulado. Asimismo otro aspecto fundamental que establece la ley es la obligatoriedad de la educación secundaria.

La LEN establece la responsabilidad compartida entre el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cuanto a “…proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho…” (Ley de Educación Nacional, 2006).

En cuanto a los fines y objetivos planteados por la LEN mencionaremos los que consideramos significativos a los fines del presente trabajo. Destacamos el posicionamiento de “asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni inequidades sociales”. Otros aspectos que se proponen como objetivos de la ley refieren a “garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad”, así como “garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes niveles del sistema educativo, asegurando la gratuidad de los servicios de gestión estatal, en los diferentes niveles y modalidades.” A partir de los lineamientos que prescribe la LEN podemos observar como la política educativa se orienta a la promoción de la inclusión educativa desde una perspectiva que apunta a la igualdad de oportunidades.

Asimismo, la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas a través de un documento institucional plantea que “en 2003 se comenzó a conformar un nuevo modelo político, económico, social y cultural que privilegia la distribución del ingreso, la inclusión y la justicia social. La educación se consolidó como uno de los ejes centrales de esta transformación con la convicción de que el cambio sólo es posible con un Estado activo y presente.” (Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas, 2013). A partir de lo expuesto podemos observar el posicionamiento institucional en cuanto a plantear las nuevas políticas en educación desde un cambio de paradigma, el cual vendría acompañado por transformaciones político económicas, estableciendo a la educación como eje prioritario asumido por el Estado nacional.

Desde el 2003, el Ministerio de Educación nacional diseñó un conjunto de programas definiendo como objetivos: el mejoramiento de la calidad, la igualdad y la inclusión en los niveles de enseñanza obligatoria. Entre ellos pueden mencionarse: el Programa Nacional de Inclusión Educativa (2004-2007), el Programa Integral para la Igualdad Educativa (2004-continúa), los Centros de Actividades Infantiles (CAI) (2010-continúa), el Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica para Jóvenes y Adultos (2004-continúa), el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FINES) (2008-continúa), y el Programa Nacional de Educación Solidaria (2003-continúa).

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