LA DETENCIÓN CON FINES DE INVESTIGACIÓN Y SU CONFRONTACIÓN CON EL PRINCIPIO DE INOCENCIA

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Específicos:

- Fundamentar jurídicamente la detención con fines de investigación y los principios jurídicos de judicialidad, libertad e inocencia y la estigmatización social.

- Diagnosticar[m] las afectaciones de la detención con fines de investigación a los principios de libertad, inocencia, judicialidad y los efectos de la estigmatización social del detenido.

- Elaborar los elementos de la propuesta[n].

- LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

- Retos, perspectivas y perfeccionamiento de las ciencias jurídicas en Ecuador.

SUB LÍNEA

- El ordenamiento jurídico ecuatoriano, presupuestos históricos, teóricos, filosóficos y constitucionales.

- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL DE LA PROPUESTA

Epígrafe 1

1.1 La Detención

1.1.1 Definición

Se define a la detención como una cuestión de hecho más que como una cuestión exclusivamente jurídica dado que ello se adecua de mejor manera al correcto ejercicio de la libertad personal como derecho fundamental. Lo anterior, porque cualquier acto ejecutado por un tercero que impida el ejercicio de la libertad personal de otro implica privarlo del goce temporal de ese derecho. (DE HOYOS, 2001).

- Evolución histórica de la Detención

Tanto los derechos de libertad como los derechos sociales pueden ser considerados como leyes del más débil. (FERRAJOLI, 2004,1995) “Y podemos decirlo no sólo de los derechos fundamentales, que son las leyes del más débil por antonomasia, sino de todo el derecho”, (FERRAJOLI, 2000) precisamente porque su principal tarea es la de servir de contrapeso a la ley del más fuerte que regiría en su ausencia. (FERRAJOLI, 2008)Así, tenemos en primer lugar el derecho a la vida, en “contra […] del que es más fuerte físicamente. En segundo lugar, los derechos de inmunidad y de libertad, contra la voluntad de quien es más fuerte políticamente. En tercer lugar, los derechos sociales, que son los derechos a la supervivencia contra la ley del que es más fuerte social y económicamente”. (VITALE, 2000)

En Grecia, donde desde el punto de vista jurídico se identificaba a la persona con el cuerpo, y la libertad era concebida es esencialmente la libertad corporal, la justicia penal, administrada de manera arbitraria por los foros, que fungían al mismo tiempo como acusadores y jueces en todos los asuntos penales, nunca llegó a imponer la pena de prisión por considerar que afectaba a la libertad, sustituyendo aquélla por penas pecuniarias.

Por tanto puede inferirse que en Grecia la detención preventiva no tuvo ninguna aplicación.

- Objeto de la Detención

La detención puede ser definida como una medida cautelar que recae en contra de una persona, objeto de persecución penal, que consiste en privarla fácticamente de su derecho a la libertad personal, por un período máximo de tiempo, a objeto de asegurar los fines del procedimiento penal. Se define a la detención como una cuestión de hecho más que como una cuestión exclusivamente jurídica dado que ello se adecua de mejor manera al correcto ejercicio de la libertad personal como derecho fundamental. Lo anterior, porque cualquier acto ejecutado por un tercero que impida el ejercicio de la libertad personal de otro implica privarlo del goce temporal de ese derecho. Así, como se ejemplificará más adelante, hay situaciones en las cuales se priva de este derecho a un individuo bajo un supuesto manto de legalidad pero que en los hechos no es sino una actuación que excede o vulnera la esencia del derecho en comento. (Araucanía., Diciembre 2010)

EPÍGRAFE 2

- La actividad cautelar y el derecho a la libertad

Según lo que establece el Reglamento de la CIDH,[o] en situaciones de gravedad y urgencia la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un Estado adopte medidas cautelares para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto del proceso en conexión con una petición o caso pendiente, así como a personas que se encuentren bajo su jurisdicción, en forma independiente de cualquier petición o caso pendiente. Estas medidas podrán ser de naturaleza colectiva a fin de prevenir un daño irreparable a las personas debido a su vínculo con una organización, grupo o comunidad de personas determinadas o determinables. En consecuencia, el número de medidas cautelares otorgadas no refleja el número de personas protegidas mediante su adopción; como se puede observar, muchas de las medidas cautelares acordadas por la CIDH[p] extienden protección a más de una persona y en ciertos casos, a grupos de personas como comunidades o pueblos indígenas. (CIDH) [q]

Asimismo, el Reglamento indica que el otorgamiento de esas medidas y su adopción por el Estado no constituirán prejuzgamiento sobre la violación de los derechos protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables. El 1º de agosto entró en vigor el Reglamento modificado de la CIDH[r] y establece que ¨las decisiones de otorgamiento, ampliación, modificación y levantamiento de medidas cautelares serán emitidas mediante resoluciones fundamentadas¨. (CIDH)[s]

- Reafirmando la necesidad de asegurar en el hemisferio el respeto y la plena vigencia de las libertades individuales y los derechos fundamentales de los seres humanos a través de un estado de derecho;

- Conscientes que la consolidación y desarrollo de la democracia depende de la existencia de libertad de expresión;

- Persuadidos que el derecho a la libertad de expresión es esencial para el desarrollo del conocimiento y del entendimiento entre los pueblos, que conducirá a una verdadera comprensión y cooperación entre las naciones del hemisferio;

- Convencidos que cuando se obstaculiza el libre debate de ideas y opiniones se limita la libertad de expresión y el efectivo desarrollo del proceso democrático;

- Convencidos que garantizando el derecho de acceso a la información en poder del Estado se conseguirá una mayor transparencia de los actos del gobierno afianzando las instituciones democráticas;[t]

- Recordando que la libertad de expresión es un derecho fundamental reconocido en la