LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO Y LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

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la posibilidad de presentar pruebas a su favor, con las cuales se desvirtúen los alegatos en su contra, así mismo se ha tomado el derecho que tiene toda persona a ser informado de los recursos y medios de defensa, a objeto de ejercer esta última frente a los actos dictados por la Administración de justicia. 

Ahora bien, en lo que respecta a la tutela judicial efectiva, se deben tomar en consideración dos vertientes de estudio existentes, la primera de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que textualmente dice:

“Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, e incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.”

Este derecho está enfocado a la garantía de existencia de u mecanismo eficaz para que los particulares reestablezcan su situación jurídica vulnerada, dándole acceso al derecho de gratuidad de la justicia, de sentencia sin dilaciones indebidas, oportuna, fundamentada y derecho y congruente, así como a la tutela cautelar y a la garantía de la ejecución de la sentencia, todo de acuerdo a lo estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Así mismo, existe otra corriente que considera a la tutela judicial efectiva como la suma de todos los derechos constitucionales procesales plasmados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, que por tutela judicial efectiva se entiende el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, el derecho a una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa, expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos, sin reposiciones inútiles, derecho al debido proceso, derecho a la defensa, derecho a ser notificados de los cargos que se imputan, derecho a la presunción de inocencia, derecho de acceso a las pruebas, derecho a ser oído en toda clase de proceso, derecho a un tribunal competente, derecho a intérprete, derecho a ser juzgado por jueces naturales y derecho a no confesarse culpable, entre otros.

Esta corriente encuentra sustento en la Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 27 de abril de 2001, Nº 576, expediente Nº 00-2794, que expresa:

“La Constitución de la República en su artículo 26 consagra la garantía jurisdiccional, también llamada el derecho a la tutela judicial efectiva, que ha sido definido como aquel, atribuido a toda persona, de acceder a los órganos de administración de justicia para que sus pretensiones sean tramitadas mediante un proceso, que ofrezca una mínima garantía. Es, pues, la garantía jurisdiccional, el derecho de acceso a la justicia mediante un proceso dirigido por un órgano para conseguir una decisión dictada conforme el derecho.”

La tutela judicial efectiva, visto lo anterior, se puede entender como una garantía constitucional procesal que debe estar presente desde el momento en que se accede al aparato jurisdiccional, hasta que se ejecuta de forma definitiva la sentencia dictada en el caso concreto, es decir, que una vez garantizado el acceso a la justicia, cada uno de los demás principios y garantías constitucionales que informan al proceso, tales como el debido proceso, la celeridad, la defensa y la gratuidad deben ser protegidos en el entendido de que el menoscabo de alguna de esas garantías, estaría al mismo tiempo vulnerando el principio a la tutela judicial efectiva.

CONCLUSIONES

El debido proceso plantea una dimensión procesal que va a englobar a todas las instituciones jurídicas del estado, que permitan obtener un proceso jurídico valido, asi como una dimensión sustancial, la cual está vinculada al principio de razonabilidad y proporcionalidad de los actos de poder, por medio de los cuales se prohíban las decisiones arbitrarias, sin importar el ente por el cual haya sido emitida.

En Venezuela, el Tribunal supremos de Justicia ha planteado que el mismo es un derecho complejo, que encierra dentro de sí, un conjunto de garantías que le dan a los procesados un abanico de derechos, entre los que se puede nombrar el derecho a acceder a la justicia a ser oído, a la articulación del proceso debido, del acceso a los recursos legalmente establecidos, del derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial, de obtener una resolución de fondo fundada en derecho, a un proceso sin dilaciones indebidas, a la ejecución de sentencia, entre otros; así mismo va a ser el instrumento indispensable para garantizar el derecho a la defensa y para que exista la tutela judicial efectiva.

Esta última, la tutela judicial efectiva, vendría a ser un derecho amplio, que garantiza el carácter universal de la justicia, amparados en lo contemplado en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En tal sentido, en Venezuela, el derecho a la tutela judicial efectiva es el resultado final de la existencia de un proceso judicial democrático, existente gracias a él fiel seguimiento de un debido proceso. Por ende, toda vez que la afirmación de la efectividad de la protección jurisdiccional sólo se puede concretar después del desarrollo de un proceso adecuado, cuyo acto esencial y final pueda producir el vencedor en juicio, eficaces resultados, en el sentido de que como señala la doctrina la tutela judicial no será efectiva si el órgano jurisdiccional no reúne ciertas condiciones y antes de dictar una sentencia sigue un proceso investido de los derechos que hagan posible la defensa de las partes.

Es por ello que, para finalizar, se puede afirmar que la tutela judicial efectiva presupone un debido proceso, pero sin negar con ello que ambas se hayan íntimamente relacionadas entre sí, formando parte de un todo.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

GARCIA, L (2003) El debido proceso y la tutela judicial efectiva. Documento en línea, disponible en: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-62682003000300005

PEROZO, J Y MONTANER J (2007) Tutela Judicial Efectiva en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Documento en línea, disponible en: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-62682007000300004