MARCO LEGAL AMBIENTAL MEXICANO ¿EL JUICIO DE AMPARO VS EL DERECHO A UN AMBIENTE ADECUADO?

...

¿EL JUICIO DE AMPARO VS EL DERECHO A UN AMBIENTE ADECUADO?

El derecho ambiental en las últimas décadas se ha solidado como ciencia prudencial práctica, cuyo objetivo es ordenar el comportamiento humano con respecto a su propio entorno.

Nuestra Constitución Federal, en el párrafo cuarto del artículo 4°, establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar”. Este principio fundamental ha sido reconocido por la doctrina constitucional como derechos humanos de la tercera generación o derechos de solidaridad.

En congruencia con el principio constitucional, la fracción XII del artículo 15 de la LGEEPA, prevé “el derecho de toda persona de vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. No obstante que en contra de las leyes o actos de autoridades que violen los principios fundamentales en derecho ambiental que tutela el artículo 4° constitucional, para esto procede el juicio de amparo en caso de que pueda resentir un daño en su patrimonio jurídico.

Para que proceda un juicio de amparo, el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se considere afectada.

Del contenido en el artículo 4° de la Ley de Amparo, así como de su correspondiente interpretación jurisprudencial, se soslaya que el daño al medio ambiente, no solo puede afectar a personas en lo individual, una colectividad que no siempre puede determinarse o ser independiente.

Tenemos que cuando el daño ambiental no se concreta a personas determinadas o determinables, estas en áreas de interés, deben de estar legitimadas para defender la preservación y conservación de su entorno. Es de concluir que para quienes tengan un interés colectivo difuso se produce una denegación de justicia, lo cual va en contra de la premisa de que en el cuidado del medio ambiente existe corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad.

Podemos decir que el juicio de amparo es insuficiente para el acceso a la justicia ambiental, pues no toma en consideración que los derechos fundamentales en materia ambiental, no solo radican en el individuo, sino en la colectividad, ya que como el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona humana, así como el deber de conservarlo, corresponde tanto a los poderes públicos del estado, incluyendo al Poder Judicial de la Federación, como a la sociedad misma.