PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMO INSTRUMENTOS DE CONTROL POLITICO.

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La visión tradicional del derecho administrativo proporciona una solución parcial al rompecabezas de la teoría política. La revisión judicial de las decisiones del organismo incluye un examen de la conformidad de la decisión de una agencia para su mandato (que se deriva no sólo de la legislación vigente, pero a partir de los informes de los comités, debates en el Congreso, mensajes de veto, y otros detritti del proceso legislativo). También considera la conformidad de los procesos de legislación y decisión de la agencia con los derechos individuales y los valores democráticos. En la revisión de las decisiones del organismo, a continuación, un tribunal imparcial puede vetar decisiones de las agencias que no sean conformes con la intención legislativa y los valores democráticos de procedimiento.

Sin embargo, el mecanismo de revisión judicial es insuficiente para garantizar el control político. En primer lugar, los mandatos legislativos son a menudo vaga y amplia, que ocasionen a sólo límites sueltos en las decisiones del organismo. En segundo lugar, aun cuando la legislación es relativamente específico, es poco probable de prever las circunstancias por completo todos los contingentes que podrían enfrentarse a una agencia, lo que inevitablemente deja un cierto grado de discrecionalidad a los funcionarios administrativos. Por lo tanto, el control jurisdiccional sólo puede mantener la discreción administrativa dentro de límites razonables. En tercer lugar, en la medida en que el derecho administrativo hace más que simplemente proteger los valores democráticos, la naturaleza de las fuerzas políticas que dan lugar al derecho administrativo se convierte en un rompecabezas en el problema de la política de control de las agencias. En cuarto lugar, como sostiene Shapiro (1986), la visión tradicional de opinión judicial descansa sobre una base analítica débil, porque ellos asumen que los objetivos del poder judicial (a diferencia de las de los funcionarios electos y burócratas) son puramente para seguir los principios de equidad y legitimidad. En la medida en los tribunales persiguen objetivos de política que no se ajustan a los deseos de los funcionarios elegidos, derecho administrativo (a través de la legislación o decreto) puede ser, en parte, un medio para controlar el poder judicial, así como para asegurar la adhesión a los valores democráticos.