Taller Integrado N°1

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[pic 9]Así lo señaló Gianpaolo Peirano, Director Legal y de Asuntos Corporativos de DIRECTV Chile, durante el seminario "Piratería de televisión de paga y economía de las Telecomunicaciones", organizado por la operadora de televisión satelital en conjunto con la Asociación Interamericana de Periodistas de Economía y Finanzas, capítulo chileno (AIPEF Chile).

Piratería, quinto actor del mercado

El fenómeno de la piratería fue sin duda el principal tema tratado en el seminario. Los panelistas señalaron que este tipo de transmisión ilegal de hoy se posiciona en la industria como el quinto actor. Actualmente, el mercado es liderado por VTR (33,8 por ciento), Movistar (19,4 por ciento), Claro (15,6 por ciento) y DIRECTV (15,1 por ciento).

Peirano sostuvo que "la piratería no se terminó en el 2012 con el apagón de los FTA (Free To Air), aún falta mucho por hacer. La Alianza contra la piratería de TV Paga ha luchado fuertemente contra estos actos y la diversidad de ella y es un tema en el cual las autoridades deben poner mayor atención".

Daniel Steinmetz, Jefe de la Oficina de Antipiratería de Fox para Latinoamérica, explicó que la piratería se produce a través de dos vías: uno, las personas compran decodificadores (FTA) que se venden libremente en el mercado y "roban" satélite a las compañías establecidas (se estima que existen 300 mil decodificadores en el país); dos, empresas establecidas retransmiten ilegalmente los contenidos de las operadoras de TV paga.

Estas incluso tienen permiso para operar y entregan boleta a sus usuarios, pero no pagan a los productores de contenido. Sobre este último punto señaló que Fox ha identificado cinco empresas piratas en el país, las que se ubican principalmente entre las regiones VI y X.

Una tercera forma de piratería, señaló Steinmetz, sucede porque las mismas compañías de TV paga informan menos abonados a las productoras de contenido ya que el pago está establecido por usuario.

Pérdidas para la industria y para el Fisco

Las pérdidas para la industria y el Fisco por piratería son de 66 millones de dólares anuales, sin considerar la que se produce por los decodificadores.

"A nivel Latinoamericano, la cifra se eleva a US$ 3.200 millones", agregó Steinmetz.

Por su parte, Peirano indicó que "Chile, al no hacerse cargo del problema, está incumpliendo tratados internacionales, como el TLC con Estados Unidos, que incluye en uno de los puntos el compromiso de hacerse cargo de la piratería en TV paga".

El futuro está en la banda ancha

Finalmente, Eduardo Costoya, vocero y Presidente de la Comisión de Telecomunicaciones del Colegio de Ingenieros, afirmó que "las normas sobre la materia en el Parlamento deben mirar al futuro y no a la televisión abierta que dentro de poco ocupará un mínimo porcentaje del mercado, ya que será como la radio AM hoy, circunscrita a nichos muy específicos".

Agregó que los esfuerzos del país "deben centrarse en la accesibilidad de los ciudadanos a la banda ancha. Hoy importa más el contenido que el medio, pues la gente accede a ellos indistintamente a través de un televisor, un notebook o un celular", concluyó.

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[pic 10]LOS CAMBIOS QUE ENFRENTA EL NEGOCIO DE LOS CABLEOPERADORES [2]

Los actores de esta industria no sólo deberán hacer frente al aumento en la oferta de canales que traerá consigo la TV digital, que al 2019 ya estará plenamente operativa, sino que adaptar su modelo de negocios al fin de la exclusividad de un solo operador de telecomunicaciones en condominios y edificios.

La promulgación de la Ley de TV Digital tras seis años de tramitación, que da un plazo de cinco años a los usuarios y a la industria para ajustar sus sistemas y equipos a la nueva tecnología, constituye también un desafío para los operadores de TV de pago y especialmente para los cableoperadores. Una vez que se produzca el apagón analógico, y las transmisiones sean 100% digitales, aumentará en forma importante la oferta de canales abiertos y gratuitos, tanto a nivel local como nacional, con una calidad de imagen y sonido 10 veces superior a la que tiene actualmente la TV abierta. A ello se sumará la interactividad, y la movilidad, con lo que la TV de pago perderá buena parte de sus actuales ventajas competitivas. El escenario no cambiará tanto para las empresas que prestan el servicio vía satélite, pero sí para los que son cableoperadores. Ellos se enfrentan a un escenario de cambios tecnológicos para la forma de ver y usar TV a partir de 2019. Consultados sobre el nuevo escenario que enfrentan, evitan hacer pronósticos e indican que es prematuro aventurar lo que ocurrirá con este negocio, pero que la experiencia en Brasil y otros países que ya hicieron la migración del sistema analógico al digital, demuestra que el cambio no ha hecho desaparecer la TV de pago, y tampoco a los cableoperadores. No prevén que ello ocurra en Chile, porque entre otros aspectos, la geografía montañosa contribuye a que existan extensas zonas y áreas del país, incluso en el radio urbano, donde la recepción de la TV abierta es mala y la transmisión vía satélite tiene limitaciones de capacidad. Apuestan a que habrá zonas en que el acceso al servicio de TV seguirá siendo por cable.

Libre Competencia

Pero hay un cambio más inmediato que enfrenta esta industria y que obliga a los cableoperadores a modificar su modelo de negocios, cuando se trata de condominios y copropiedades, tras la recomendación del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que los edificios deberán tener al menos la posibilidad de conexión a dos operadores de TV de pago y servicios de internet y telefonía fija, de modo que los habitantes no queden cautivos de una empresa.

El subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf aclara que “con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) estamos coordinando acciones para establecer el cumplimiento de la recomendación del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC), acuerdo que no sería retroactivo porque existen derechos adquiridos”.

El TDLC establece condiciones para que se respete la libertad de los usuarios de elegir a su operador y donde los municipios deberán incluir en sus informes de recepción de obras un certificado que acredite la construcción de poliductos