Análisis caso Marbury vs Madison

...

- A) La decisión adoptada por Marshall no pudo haber tenido continuidad ni sentido sino hacia alusión a la Constitución declarando que la ley invocada por Marbury era nula. El carácter supremo de la Constitución, hace que su invocación y uso de sustento sea indiscutible.

B) La competencia es el alcance de la jurisdicción, es decir, el límite que la ley señala para el ejercicio de la jurisdicción a cargo distintos órganos. Marshall hace referencia a que existen dos tipos de jurisdicción: la originaria (invocada por Marbury), es aquella en donde interviene la Corte por un caso concerniente a embajadores, ministros y cónsules extranjeros y en los que alguna provincia fuese parte. Los muchos casos que restan corresponden a la Corte por el otro tipo de jurisdicción: por apelación.

C) Según Marshall, la única forma de poder llevar a cabo la petición de Marbury era que este invoque la jurisdicción por apelación.

D) Hubiese sido imposible resolver el caso en un solo párrafo, porque así no se hubiera declarado la inconstitucionalidad de ley, siendo ésta la clave para solucionar la cuestión de manera jurídicamente correcta.

- El holding es la parte de los fundamentos del fallo que resulta indispensable para decidir el caso y por ende tiene mucha fuerza como precedente en casos posteriores; y el obiter dictum consiste en pronunciamientos, elaboraciones y razonamientos que están en el fallo, pero no son necesarios para decidir el caso.

La declaración de inconstitucionalidad en Marbury vs. Madison es absolutamente Holding, ya que el desarrollo elaborado por Marshall respecto al control de constitucionalidad es extremadamente fundamental y hasta el momento, el único, por eso se convirtió en precedente histórico.

- A) Afirmativamente la sección 13 del Act Judiciary dice que: -“La Corte Suprema también tendrá jurisdicción por apelación de los tribunales de circuito y las cortes de los estados, y en los casos específicamente mencionados aquí; y tendrán el poder de mandar órdenes a los tribunales de almirantazgo, y mandamientos, en casos en que fuesen comprendidos según los principios y las costumbres del derecho, a cualquier tribunal o persona designado en su oficio bajo la autoridad de los EE. UU.”- . No obstante, la Constitución entiende en qué casos y cómo la Corte podrá emitir ese mandamiento u orden de ejecución. Dado que, teniendo en cuenta el caso de Marbury, es inaceptable mantenerse firme por una ley ordinaria (nula) en vez de la Ley Suprema que claramente afirma qué tipo de jurisdicción debe ejercer la Corte para cada caso en particular.

B) Marshall decía que la ley autorizaba a la Corte a emitir mandamientos, en casos en que fuesen comprendidos según los principios fundamentales y costumbres del derecho, a cualquier tribunal o persona designado en su oficio bajo la autoridad de EE. UU. Todas las instituciones esenciales del país se basan en la creencia de que el pueblo tiene el derecho preexistente de establecer para su gobierno futuro los principios que juzgue más adecuados a su propia felicidad. Esta autoridad de la que proceden es suprema, originaria, y está destinada a ser permanente, organizando además el gobierno y asignando a los diversos poderes funciones específicas y sus limitaciones. Siendo el secretario de Estado un funcionario bajo la autoridad del gobierno del país, el caso se encuentra precisamente comprendido en las previsiones de la ley precitada. No obstante, la Constitución dice: -“En todos los casos concernientes a embajadores, ministros y cónsules extranjeros, y en los que alguna provincia fuese parte, la Corte Suprema ejercerá jurisdicción originaria.”- lo cual excluye la posibilidad de emitir un mandamiento porque en este caso su jurisdicción es originaria pero no se mencionan funcionarios en los casos compatibles con este tipo de competencia.

C) Marshall entendía a los principios como el resultado de una prolongada y serena elaboración, como aquellos establecidos por el pueblo para su gobierno futuro, mediante su derecho preexistente, que juzguen más adecuados a su propia felicidad. Los principios así establecidos se consideran fundamentales por la autoridad de la cual proceden, que es suprema, originaria, permanente, que organiza el gobierno y asigna a los diversos poderes sus funciones y alcance.

D) Si existiese una ley que pueda ser interpretada de dos formas, implicando que sea constitucional como inconstitucional, el juez siempre debe seguir la última interpretación si hay pruebas contundentes y el razonamiento es lógico y conforme a los principios y costumbres del derecho, ya que es inadmisible la vigencia de una ley que contraríe la Constitución, esto sin importar que vulnere poco o mucho a la misma. Afirma la sección 2 del art. 3 de la Constitución: -“Corresponde al Poder Judicial aplicar el derecho positivo y los principios de justicia a todos las causas que versasen sobre puntos regidos por la Constitución (…)”-.

- Afirmaba Marshall que para que la Corte esté en condiciones de emitir un mandamiento u orden de ejecución como la que se pide, debe demostrarse que se trata de un caso de competencia por apelación (caso contrario al procedimiento de la causa), ya que en ese caso se estaría en concordancia con lo establecido en la Constitución.

Asimismo, se ha dicho en el Tribunal que la jurisdicción apelada puede ejercerse de diversos modos y que siendo la voluntad del Congreso que un mandamiento pueda ser emitido en el ejercicio de la jurisdicción apelada, dicha voluntad debe ser obedecida. Esto es cierto, decía Marshall, pero no obstante a ello, la jurisdicción debe ser apelada y no originaria. En tanto, es el criterio esencial de la jurisdicción por apelación, que ella abarca tópicos previamente determinados y no crea otros nuevos. Por ello, aunque es posible emitir un mandamiento a los tribunales inferiores, hacerlo respecto de un funcionario para que entregue un documento es lo mismo que intentar una acción originaria para la obtención de dicho documento, y por esto, no parece pertenecer a la jurisdicción apelada sino a la originaria. Por lo tanto, la autoridad otorgada a las órdenes directas de ejecución de conductas a funcionarios públicos, no parece estar respaldada por la Constitución.

- A) En mi opinión, estoy totalmente de acuerdo con el Presidente de la Corte que explica que en todas las constituciones escritas se consideran ley fundamental y suprema de la Nación, y, consecuentemente, la teoría de cualquier gobierno de ese tipo debe ser que una ley repugnante a la Constitución, es nula. Si la Corte anularía en la práctica lo que establece esta teoría, constituiría, a primera vista,