LA LEY 27444: 20 AÑOS DE GARANTÍA DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

TÍTULO: LA LEY 27444: 20 AÑOS DE GARANTÍA DEL[pic 1]

DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

AUTOR: CÉSAR AUGUSTO VALDIVIA MALPARTIDA

LA LEY 27444: 20 AÑOS DE GARANTÍA DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Tras la caída del régimen autoritario de Alberto Fujimori, con su renuncia en noviembre del 2000, y la asunción del gobierno de transición liderado por Valentín Paniagua, se inició en el Perú un esfuerzo por elaborar nuevas herramientas jurídicas y normativas que otorgaran mayores garantías de seguridad jurídica y predictibilidad, que modernicen y simplifiquen diversos aspectos de la actuación del Estado y que mejoren los términos de intercambio en la relación entre la administración pública y la ciudadanía.

        Es así como nace la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, fruto de este afán de reformas encaminadas a la institucionalización del aparato estatal enmarcadas en un Estado Constitucional de Derecho. Esta ley, promulgada el 11 de abril del 2001, como ya se mencionó, se justificaba en la necesidad de tener herramientas jurídicas y normativas modernas y eficientes, pero a la vez también para establecer orden y límites a la discrecionalidad de la actuación de la autoridad administrativa, para evitar el abuso del poder y la parcialidad como ocurría durante el régimen de los 90.

        Ley 27444 tiene como fin la regulación de la función administrativa del Estado y el procedimiento administrativo común desarrollados en las entidades de la administración pública. El procedimiento administrativo se sustenta en principios, los cuales deben guiar su desarrollo y tiene su fundamento en la Constitución Política del Perú. Es por ello que esta Ley no debe entenderse solo como un mero conjunto de formalidades conducentes a marcar los pasos que debe seguir un trámite, sino como un instrumento que tutela los derechos, garantizando la primicia del interés público y que pone al Estado al servicio del ciudadano.

        Y es precisamente esto último lo que configura la importancia de la Ley 27444, que es la de garantizar el debido procedimiento administrativo en todos los actos que involucren al ciudadano en su relación con la administración pública. Así, en el espíritu del legislador, estaba la intención de diseñar un instrumento que establecería, en base a determinados principios, de manera racional y objetiva, los parámetros de las interrelaciones del ciudadano con el Estado.

Es así que, los procedimientos que se hayan seguido en fecha anterior a esta ley estuvieron a  merced de la discrecionalidad y voluntad de  la entidad estatal donde se hayan

iniciado.  Esto acarreaba multiplicidad de procedimientos, requisitos, plazos, etc, con la consiguiente falta de predictibilidad y desorden, que iba en perjuicio de los derechos del ciudadano y sus legítimos intereses.

        Como ejemplo ilustrativo de la acción de la Ley 27444 se puede apreciar en el campo laboral, con la reposición de numerosos trabajadores estatales que interponen recursos por faltas al debido procedimiento en sus procesos de separación o despido de la entidad. Así, en el caso de Gloria Álvarez Vargas seguido contra la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de La Convención, en el Cusco, logró que el Tribunal del Servicio Civil, el 18 de setiembre de 2019, anulará la resolución por la que se le impuso la sanción de amonestación escrita, con los considerandos de haberse vulnerado el deber de motivación y el debido procedimiento administrativo, según lo establecido en el TUO de la Ley 27444.