Derecho Administrativo. juicio contencioso administrativo

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Por lo tanto el abogado administrativista como todos los abogados en general debe tener una cultura tal que abra una extensa gama de conocimientos. Debe ser estudioso, sagas, investigados, observador, descubridor, tenaz, incisivo, con capacidad para planear, así como aplicar con la mayor exactitud posible si criterio jurídico sea cual fuere en el plano que se encuentre para lograr con éxito los fines sociales que sustentan al derecho administrativo.

-Derechos y obligaciones de los particulares frente a la administración publica.

Obligaciones de los particulares.

Esta obligaciones son las que el estado nos impone y son también obligaciones que tenemos para con el estado.

Es obligación pública el deber pagar impuestos por ley o por un acto especial de la autoridad, quien puede ejecutar cobrando determinadas prestaciones.

Por razón de su origen las obligaciones públicas pueden dividirse dos: las impuestas directamente por la ley y las que se derivan de un acto jurídico especial.

En nuestro régimen constitucional los órganos públicos solo actúan por las facultades expresas y determinadas por la ley. Y en donde rige el principio “está permitido lo que la ley no prohíbe” porque podrían darse facultades al particular para que evitar los limites que la ley establece en si esfera jurídica y permitiría una intromisión de intereses en los particulares que solamente deber ser regulado por el interés general.

La clasificación de las obligaciones públicas por razón de su contenido se puede distinguir en obligaciones personales y reales (servicio militar, modalidades a la propiedad).

-Juicio de lesividad

Es un proceso incoado (iniciado el proceso) por la autoridad administrativa en contra de los gobernados, que debe hacerse ante los tribunales respectivos en los ámbitos correspondientes, con el objeto de solicitar la declaración de nulidad de resoluciones administrativas favorables a los particulares, por considerar que lesionan a la administración pública pero principalmente al interés público, al bien común.

En los juicios contencioso administrativos seguidos ante los tribunales respectivos, según del ámbito del que se trate, por regla general, hasta aproximadamente un 97% las partes demandadas siempre son las autoridades federales, estatales y municipales, hablando de las entidades federativas, este juicio de lesividad opera con excepción en contra de los gobernados, siendo requisito indispensable, que la autoridad administrativa haya dictado una resolución o emitido un acto, y el mismo le genera un beneficio al particular, pero en perjuicio al interés público, por que haya existido error al emitirlo o se hay quebrantado la norma en el mismo sentido.

Ejemplo, en la expedición de una concesión del servicio publico sea en la modalidad de taxi u otro servicio de transporte de pasajeros sin que se cumpliera los requisitos exigidos en la respectiva ley de transito y su reglamento, ni respetado procedimientos de realización de estudios socio-económicos de impacto ambienta de rutas concesionadas a otros transportes, la administración publica puede revocar sus concesiones, pero la única forma de declara su nulidad es atreves de un juicio contencioso administrativo ante los tribunales administrativos con la acción de lesividad.

-evolución histórica de la legislación de los contencioso administrativo.

1-. Ley para el arreglo de lo contencioso administrativo o Ley Lares (25 de mayo de 1853)

2-. Constitución de 1857 que refiere: a los tribunales de la federación se les permitirá conocer de las controversias suscitadas sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales.

3-. Ley de la tesorería de la federación (10 de febrero de 1927): que nos habla del juicio de oposición en contra de las reclamaciones fiscales.

4-. Ley de justicia fiscal (27 de agosto de 1936): habla de entregar la justicia administrativa a tribunales ordinarios al crearse el tribunal fiscal de la federación.

5-. Código fiscal de la federación (1 de enero de 1939): el cual incorpora el contenido de la ley de justicia fiscal con lo relacionado a los sujetos y elementos de la obligación tributaria, en un procedimiento económico-coactivo, previendo infracciones y sanciones, constituyendo un gran avance para la regulación tributaria mexicana.

6-. Nuevo código fiscal de la federación (19 de enero de 1967): evoluciono la legislación tributaria con el objeto de obtener una buena tributación.

7-. Ley orgánica del tribunal fiscal de la federación (19 de enero 1967): en la que se empieza hablar de los recursos. Para los particulares el recurso de queja, para las autoridades también el recurso de queja ante el tribunal de pleno y el recurso de revisión.

8-. Ley orgánica de la administración pública federal (29 de diciembre de 1976)

9-. Ley federal de procedimiento contencioso administrativo (1 de diciembre de 2005)

10-. Ley orgánica del tribunal de lo contencioso administrativo del D.F. (10 de septiembre de 2009)

Dentro de los ordenamientos que contiene disposiciones donde se ventilen conflictos con la administración pública federal, del D.F. y que se remiten al juicio contencioso administrativo ante los respectivos tribunales tenemos entre otras leyes federales, reglamentos, decretos, bandos municipales, los siguientes:

-Código de justicia militar

-Código fiscal de la federación

-estatuto de gobierno del D.F.

-Ley aduanera

-Ley Agraria

-Ley de justicia cívica para el D.F.

-Ley de adquisiciones, arrendamiento y servicios del sector público.

-Ley del desarrollo urbano del D.F.

-Ley de ejecución de sanciones penales para el D.F.

-Ley de procedimiento administrativo del D.F.

-Código Fiscal del D.F.

-reglamento de la ley de la procuraduría social del D.F.